Un marco legal para los investigadores

Paraguay es uno de los países que menos invierte en investigación y ciencia, y si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue un importante avance hace más de dos décadas, no fue hasta hace una década que se creó un marco con financiamiento para fortalecer la ciencia en el país, con buenos indicadores que muestran que Paraguay va camino a mejorar su métrica a nivel internacional y posicionarse también a nivel regional, invirtiendo en ciencia, innovación y tecnología.

Sabemos que ésta es una característica de los países más pobres del mundo y que la inversión en ciencia ha sido una de las acertadas decisiones de los países con economías en transición, sentando las bases de la ciencia con sabor “doméstico”, poniendo las prioridades de investigación en el desarrollo acordado para el país. O se invierte en ciencia o se continuará sumido en la pobreza, no en vano las empresas internacionales con fuerte uso de los recursos naturales invierten en investigación manteniendo un departamento con personas que a ello se dedican. Estas personas son los investigadores, y estos profesionales provenientes de las diferentes disciplinas de la ciencia aplican procedimientos para crear conocimiento que muchas veces apuntan a desarrollos tecnológicos muy destacados.

Paraguay ha reconocido a través de un Programa Nacional a sus investigadores y ha creado criterios y requisitos; sin embargo, este programa conocido como PRONII (y perteneciente al CONACYT) que ya lleva una década de implementación, aún depende de contribuciones que no están incorporadas al Presupuesto General de Gastos del Estado, por lo que uno entiende, entonces, que si no está en ese presupuesto, entonces no debe ser una prioridad para el país, cuando difícilmente haya alguien que crea que ésto sea así. Mientras buscamos el reconocimiento en este presupuesto de nuestros investigadores, existe un proyecto de Ley del Investigador Científico que está siendo tratado con mucha lentitud.

El motivo principal de esta ley es precisamente ese, el de instaurar el Sistema Nacional de Investigadores como una manera de consolidar e internacionalizar la ciencia del Paraguay. La única manera de llevar a cabo esta ardua tarea es reconocer, promocionar e incentivar a los investigadores que además se encuentran identificados y albergados a una institucionalidad nacional, que no siempre es la Universidad.  La gran mayoría de las universidades del mundo exigen que sus docentes sean primero investigadores y desde la investigación ejerzan la docencia en particular para formar investigadores.

Una ley como la que se ha esbozado en forma participativa con los investigadores científicos y con quienes entienden el rol de la ciencia en el desarrollo de una nación, asegura la existencia y reconocimiento de una carrera del investigador, que dé predictibilidad a la misma y que se rija por criterios de excelencia, méritos, y que la Sociedad valore. Debemos recordar que muchos investigadores paraguayos han decidido migrar al exterior y se desenvuelven en el extranjero honrando la preparación y el compromiso nacional, pero desde un lugar donde pueda mantener una familia y sentirse satisfecho por su desarrollo profesional.

Quienes quedaron en el país, lo pudieron hacer porque fueron exitosos en la recaudación de fondos privados, o un pequeño grupo de “bendecidos” con las escasas oportunidades que el Paraguay que le daba, o bien aquellos que por poseer recursos financieros pudieron subvencionar las ansias de crear conocimiento. Es una ley que garantiza mantener lo que se ha venido haciendo bien, también asegura la pluralidad de los actores nacionales en ciencia e investigación.

El investigador se ha formado tras diferentes carreras para poder aportar soluciones a interrogantes utilizando el método científico a modo de validar el conocimiento y hacerlo útil para toda la sociedad, es una actividad que debería ser fundamental en las instituciones académicas universitarias del Paraguay, con el fin de fomentar un pensamiento lógico y creativo que incentive la generación de respuestas a interrogantes y permita la acumulación de conocimientos aportando soluciones a los problemas de la sociedad, o bien avanzando en áreas del conocimiento por el conocimiento en sí, sin necesariamente estar ligado a un desarrollo tecnológico o a una aplicación práctica.

Pues esta no es la situación en Paraguay y gran parte de la investigación ha venido de ámbitos no necesariamente universitarios. Una ley amplia, general, pluralista, moderna y capitalizando lo aprendido, podría ayudarnos a enterrar años de desatención, poco interés en la ciencia, y de gente enseñando a hacer ciencia que nada tiene que ver con la investigación. Esta ley propone dar estabilidad laboral y protección social a ese profesional investigador indistintamente si viene o ejerce desde el sector privado o público y a nivel nacional.

Nos urge tener instrumentos que reconozcan el papel del investigador como formador de talentos y de productos del conocimiento inédito, nuevo, para generar un desarrollo “con sabor nacional”. Paraguay se merece una ley del investigador científico para acercarse a sus socios regionales y para comenzar a honrar a quienes deciden por esta difícil tarea de hacer investigación. Esperamos que pronto el Congreso Nacional pueda debatir y atender una ley que prestigie a los investigadores paraguayos.