ANDE, aunque no ande, un monopolio en el S. XXI

El Paraguay goza de una posición geográfica estratégica, con dos entidades binacionales de producción energética renovable, empero, la provisión de energía eléctrica presenta graves deficiencias: por un lado, el suministro de corriente eléctrica no es confiable ni continuo y, por el otro, la abundante oferta eléctrica con que cuenta nuestro país ya se encuentra en cuenta regresiva.

Si nuestro país no invierte en el corto plazo en la producción de energía eléctrica, se estima que para el periodo 2030/35 consumiremos toda la producción energética de Itaipú, Yacyreta y Acaray, es decir, “a este ritmo de crecimiento de la demanda el Paraguay corre riesgo de perder la ventaja de su matriz eléctrica casi exclusivamente renovable[1]“.

En estos tiempos de COVID-19 en que los recursos se encuentran sumamente comprometidos y la escasez es predominante, se genera una situación relevante, la falta de inversión en producción y distribución eléctrica, sumados al crecimiento de la demanda de electricidad  tienen como consecuencia fallas en el sistema, cortes de suministro, intermitencias y/o fluctuaciones de voltaje frecuentes, los cuales encarecen los costos de producción y dañan artefactos eléctricos, golpeando aún más a nuestra incipiente industria y comercio, agravando así la situación económica nacional. Por lo que es urgente la inversión en el Sistema Eléctrico Nacional en el corto plazo, además de ser una posible alternativa y solución a un inexistente plan de reactivación económica.

En la actualidad, la ANDE, es un monopolio estatal muy costoso por la elevada carga financiera que impone al gasto público y por los limitados beneficios que brinda a los usuarios. Todo esto teniendo en cuenta que existe una tarifa fijada por Ley, la cual es fijada más bien con fines sociopolíticos que con criterios técnicos , subsidiando no sólo a usuarios en situación de vulnerabilidad (tarifa social) sino que a su vez, “las tarifas más bajas se dan en los sectores Industrial y Gubernamental, lo que supone un subsidio implícito desde usuarios comerciales y residenciales de bajo voltaje, a los industriales y la grupo de consumo gubernamental”[2].

Para proveer energía eléctrica y satisfacer la demanda de los consumidores de manera inmediata, el Estado debe destinar continuamente recursos para construir y dar mantenimiento a una muy amplia y no menos costosa red, tales como líneas de transmisión (alta tensión) y distribución (media y baja tensión), maquinaria y equipo, así como mantener una enorme fuerza laboral, los cuales gracias a los sindicatos poseen privilegiados salarios y beneficios que solo contribuye a  limitar los recursos disponibles de la ANDE, práctica recurrente desde hace décadas en detrimento de las inversiones del Ente.

En las empresas estatales no existen incentivos para la eficiencia (minimización de costos), la innovación ni mejoras, ya que al ser un monopolio no tienen con quien competir, a diferencia de las empresas privadas, que deben competir para subsistir, mejorar su productos e innovar, de manera a mantener a los consumidores satisfechos con su servicio. Por otro lado la normativa presupuestal impide que las empresas estatales generen ahorros, pues al ejecutar una cantidad inferior de lo que tienen asignado en su presupuesto son “castigadas” con menos recursos en los años subsecuentes.

En ese sentido, la falta de credibilidad e idoneidad de las autoridades y la falta de medios eficaces de rendición de cuentas y de evaluación del desempeño de los administradores públicos, junto con la “propiedad” abstracta que gozan los contribuyentes en relación con las Empresas del Estado, no generan condiciones e incentivos suficientes para que estas empresas sean administradas de forma eficaz y exista una supervisión ciudadana.

De ahí que con la aparición de nuevas tecnologías y la reducción de la escala necesaria para la producción eficiente de energía eléctrica hacen necesaria la desintegración vertical de la ANDE y permitir la entrada de empresas privadas a los distintos segmentos de la industria tales como en la producción y en la comercialización, eslabones donde existen condiciones para el ejercicio de la competencia. No se trata de privatizar sino de liberalizar el mercado, en igualdad de condiciones, para que entren nuevos players al sector eléctrico y que la ANDE compita como una empresa más.

De esta forma, quedan pocos argumentos a favor de la eficiencia económica que justifiquen la existencia de un monopolio natural en manos del Estado para la provisión de energía eléctrica. Continuar con esta estrategia solo significará que los usuarios paguen en términos reales un precio cada vez más alto por un servicio que presenta problemas de continuidad y calidad ante la falta de incentivos y de competencia en la industria.

En las últimas tres o cuatro décadas, las reformas en el sector eléctrico de otros países  demostraron que la alternativa de mantener un monopolio en manos del Estado es inviable a largo plazo.

Así pues, esta forma de organización industrial del sector no genera eficiencia en la asignación de los recursos productivos, creando fuertes distorsiones en los precios relativos de los bienes y servicios y generando presiones para las finanzas públicas, que al final de cuentas se traducen en más impuestos para los ciudadanos o mayor deuda pública, todo para mantener una estructura ineficiente, arcaica que necesita una urgente reforma en aras del bienestar económico y social de los consumidores paraguayos, ya que la electricidad es un servicio universal, el cual debe ser garantizado a todos los usuarios nacionales independientemente de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Evidentemente, nos encontramos ante un mercado eléctrico monopolístico de carácter estatal, en el cual una empresa pública tiene derechos exclusivos y especiales para la prestación de este servicio público. No obstante, “la creación de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) es relevante para este sector en cuanto a que puede convertirse en un precursor y paladín de la liberalización del Sector Eléctrico en Paraguay[3]“.

Con lo que, a casi 50 años de la firma de uno de los tratados más importantes para el sector eléctrico nacional, el Estado Paraguayo ya no puede fungir de empresario, policy maker y regulador del sector a la vez, el rol del Estado está en proveer una adecuada regulación para que la competencia genere bienes y servicios de buena calidad a un costo razonable.

(*) Lic. en Economía, (UNA, Py)

Máster en Estrategias Industriales y

Redes Energéticas, (Univ. de Montpellier, Francia)

[1] Informe Nacional sobre Desarrollo Humano. Paraguay 2020. Energía y desarrollo humano. (P.N.U.D.). 12

[2] Informe Nacional sobre Desarrollo Humano. Paraguay 2020. Energía y desarrollo humano. (P.N.U.D.). 34.

[3] Génez Báez, F.(2021). “Estudio sobre el Régimen Jurídico del Sector Eléctrico Paraguayo. Tratamiento Integral”, Editorial La Ley