El Poder Ejecutivo debe vetar el “auto golpe parlamentario”

El Senado perpetró un auténtico golpe parlamentario contra la Constitución, pues sobrepasando el régimen de la inmunidad de senadores y diputados sancionó un proyecto de ley que reincide en intentos frustrados de volver impunes a senadores y diputados, a los que en lugar de fortalecer sus roles de servidores públicos de la ciudadanía pretende convertir en funcionarios omnipotentes, por encima incluso de nuestra Ley Suprema. El jueves 20, en una deplorable sesión convertida en eso por la abrumadora mayoría de los senadores, estos sancionaron un reglamento inconstitucional que de manera aviesa e irresponsable destruyó el régimen de “la pérdida de investidura” (en particular el inciso 2.° del art. 201), poniendo así en evidencia que, tres décadas después de 1989, la real y verdadera “constitución” del Paraguay sigue siendo la del Mbarete, la de los poderosos fácticos de ahora, entre ellos los parlamentarios, que pisotean a la Carta Magna de 1992 cada vez que les conviene en sus demenciales juegos de poder.

Esto ocurre en momentos en que arrecia localmente la crisis de la pandemia mundial de la Covid-19, aquí agravada por la generalizada tendencia a la ingobernabilidad que emana de los tres poderes del Estado, muy debilitados cada uno y en su relacionamiento recíproco de pesos y contrapesos, lo que también se manifiesta en los órganos extrapoderes y ni qué decir en esos inmensos becerros de oro para unos pocos que desde siempre han sido las binacionales. Si el Poder Ejecutivo tiene un momento de lucidez y responsabilidad, y quiere evitar que el Paraguay avance hacia su estallido generalizado en breve, debe vetar este peligroso engendro legislativo de la pequeñez cívico-moral, de la ambición desmedida y de la manifiesta incapacidad de que hacen abuso la mayoría de diputados y senadores. El presidente Mario Abdo Benítez debe ejercer correctamente sus derechos constitucionales. Para ello tiene la jurisprudencia de un anterior Decreto, el 2062 del 3 de julio de 2019, que vetó por completo el proyecto de ley 6340 del 19 de junio de ese año (“De la pérdida de investidura parlamentaria”), que pretende revivir el actual, fruto de la conspiración de los necios, incompetentes y corruptos que pululan en ambas cámaras para desgracia del Paraguay.

Si no lo hace, su desgobierno terminará peor que el de Luis González Macchi (1999-2003), otro de los responsables, con el Congreso de entonces, de la fallida transición local a la democracia que hoy está a punto de estallar en ingobernabilidad total. En lo único que se destaca el inquilino actual del Palacio de López, ya en la etapa final de su deplorable mandato, es en facilitar la corrupción desbordante que impera en el aparato de Estado sometido a bandas de gánsteres disfrazados de autoridades y empresarios. De promulgar el adefesio inconstitucional de los golpistas del parlamento, Abdo Benítez proclamará urbi et orbi que definitivamente no es sino una hoja en la tormenta de la grave crisis político-institucional que, de seguir así, incendiará el país en cualquier momento. Colombia, Perú y Chile, son trágicos ejemplos de lo que ocurre cuando los gobernantes han perdido casi por completo su conexión con la realidad de sus respectivas sociedades.

El Nacional y lúcida interpretación

El viernes 21 nuestro periódico se ocupó de este nuevo escándalo parlamentario. Ofrecemos una síntesis de esa nota, según la cual el Congreso Nacional nuevamente sancionó un proyecto que busca blindar a legisladores que incurren en tráfico de influencias para no ser destituidos con la mayoría que establece la Constitución Nacional. Es la tercera vez, en el presente periodo parlamentario, que se intenta subir la cantidad de votos necesarios para expulsar a un parlamentario corrupto acusado de haber incurrido en el uso indebido de influencias.

Se trata, el intento de ahora, nada de menos que de brindar una doble protección a los miembros de ambas cámaras, inconstitucional propuesta a criterio de algunos senadores de la oposición. Por ejemplo, el senador Stephan Rasmussen (Patria Querida) manifestó que la propia Carta Magna establece, tratándose de la pérdida de investidura, que debe ejecutarse directamente con la mayoría simple. Asimismo, expresó que la Constitución Nacional no puede modificarse a través de una ley, como pretende el texto sancionado por los senadores.

“La Constitución estableció que la pérdida de investidura será por inhabilidades, incompatibilidades o por tráfico de influencias. Para esto último la pena máxima consiste en apartar a un legislador del cargo. Otras bancadas dicen que deben reglamentarse el procedimiento y la mayoría correspondiente. No es necesario. El régimen de las mayorías está en la Constitución. Y no podemos cambiar por una ley lo estatuido en la Carta Magna: la Constitución establece que, en caso de no estar tipificada una mayoría calificada, la que rige es la simple. Es el caso del artículo 201 (inciso 2) de la pérdida de la investidura”, aseveró.

Consideró, por otra parte, que con el proyecto de Diputados aprobado en el Senado “se establecerá un doble blindaje para los parlamentarios, pues se les otorgará 15 o 20 días a objeto de ejercer sus respectivas defensas en el correspondiente juicio político. Somos un órgano político, no jurisdiccional. Si le das mucho tiempo a un político para defenderse puede ser peligroso (para la Constitución). En algunos de los casos que se llevaron adelante, varios legisladores decidieron renunciar cuando ya sabían que había votos para su destitución… Si uno dilata el tiempo del proceso, se blinda aún más (al parlamentario en cuestión) porque se le ofrece la posibilidad de negociar y conseguir acuerdos políticos para evitar su expulsión”, explicó.

Rasmussen también mencionó que en todos los trámites de pérdida de investidura estaba más que comprobada la comisión del tráfico de influencias. “Ocurrió con Portillo. Después tenemos a Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; a Víctor Bogado quien como legislador pidió una doble contratación en Itaipú; y a Eugenia Bajac que utilizó viáticos de la Cámara para un congreso religioso y personal. Fue también el caso de Gusinky, que fue vacunarse gracias a su condición de parlamentaria”, afirmó.

Por último, expresó que el presidente Mario Abdo Benítez debe vetar la ley sancionada, y recordó que ya lo hizo en el 2019 con una propuesta similar. “Espero que pase lo mismo, que Mario Abdo vete la Ley y que luego, en el Senado, no se tengan los 23 votos para rechazar el veto”, culminó.

El atentado parlamentario

El jueves 19, de convertirse en ley, el actual proyecto, pasará a la historia como el golpe de la soldadesca de diputados y senadores, y se consumará, una vez más, la violación de la Constitución que los poderes del Estado, por medio de sus respectivos mandatarios, juraron cumplir y defender. Aquél día nefasto y nefando, nos puso en peligro a todos, apenas cinco controvertidos senadores colorados (cartistas y marioabdistas), votaron el inconstitucional proyecto reglamentario de Diputados sobre pérdida de investidura, con sus cómplices y segundones colorados, liberales y del Frente Guasu (FG).

De esta turba 14 no asistieron a la lóbrega sesión y otros 12, maniobreros como la horda que imperó ese día, se abstuvieron de votar. Son los responsables del golpe politiquero (esto último en alusión a la política que no está al servicio de la ciudadanía sino de políticos corruptos e irresponsables) en perjuicio de las cada vez más precarias legalidad y legitimidad de nuestra República al borde de la anarquía si es que ya no está inmersa en ella. Así, el Senado, subordinándose a la mayoritaria jauría de diputados colorados y sus comparsas “opositoras”, en una cámara (la de los cartistas) en la que los demócratas son minoría de minoría, de nuevo incurrió en lo que podemos denominar constitucionalicidio. Este neologismo aún no figura en los diccionarios de la Real Academia Española, el de la Lengua y el Panhispánico del Español Jurídico.

La también controvertida reglamentación del Senado (la “menos mala” en esas circunstancias del jueves 19), que requería 23 votos, para su aprobación, apenas pudo cosechar 14. Los de Gilberto Apuril, Hagamos PH; Georgia Arrúa, PPQ; Stephan Rasmussen, PPQ; Fidel Zavala, PPQ; Enrique Riera, ANR; Blanca Ovelar, ANR; Antonio Barrios, ANR; Enrique Buzarquis, PLRA; Amado Florentín, PLRA; Carlos Gómez Zelada, PLRA; Zulma Gómez, PLRA; Desiré Masi, PDP; y Pedro Santa Cruz, PDP. Esta minoría de senadores respetó el contenido y forma del texto de la Ley Suprema, como en su momento lo hicieron los diputados opuestos al engendro legislativo de la reglamentación inconstitucional de la pérdida de investidura, emanado de la cámara cartista que lidera Pedro Alliana,

También debemos recordar siempre los nombres (y partidos), y no solo al momento de elegir, de quienes merecen la total reprobación ciudadana. Están divididos en tres categorías. La primera, es la de los propiciadores del engendro constitucionalicida, es decir los senadores que votaron afirmativamente: Rodolfo Friedmann, ANR añeteté; Rodolfo Retamozo, ANR, añeteté; Javier Zacarías, ANR, cartista; Arnaldo Franco, ANR, cartista; y Lilian Samaniego, ANR, C. Cada uno de ellos, en lugar de las respectivas hojas de vida, carga con auténticos prontuarios cívico-democráticos, y en un país con verdadera independencia para la justicia, probablemente varios habrían sido citados para defenderse legalmente de graves acusaciones.

La segunda categoría es la de los 14 senadores que no asistieron a tan importante sesión parlamentaria y a los cuales, de manera correcta, parlamentarios, medios de prensa y analistas, califican también de soldadesca del “autoblindaje” (“abc color”, dixit) parlamentario, pues al haberse ausentado permitieron la perpetración de un hecho, uno más, a la vez nefasto y nefando para construir el Estado de derecho constitucional en nuestro país. Ellos son: Juan Afara, ANR, A; Silvio Ovelar, ANR, añeteté; Abel González, PLRA, llanista; Hermelinda Alvarenga, PLRA, llanista; Eusebio R. Ayala, PLRA, B; Martín Arévalo, ANR, añeteté; Blas Lanzoni, PLRA, llanista; Fernando Silva Facetti, PLRA, llanista; José Paková Ledesma, PLRA, B; Enrique Bachetta, ANR, añeteté; Juan Ancho Ramírez, llanista; Derlis Osorio, ANR, E; y Miguel F. Rodríguez, FG.

La tercera categoría, también de comparsas del “autoblindaje”, es la de los 12 legisladores que asistieron a la sesión pero se abstuvieron de aceptar o rechazar el engendro de Diputados. De esta colusión formaron parte los senadores Fernado Lugo, FG; Juan Carlos Galaverna. ANR, añeteté; Juan D. Monges, ANR, cartista; Blas Llano, PLRA; Carlos Filizzola, FG; Jorge Querey, FG; Óscar Salomón, ANR, añeteté; Octavio Schatp, PLRA, independiente; Esperanza Martínez, FG; Hugo Richer, FG; Sixto Pereira, FG; y Víctor Ríos, PLRA, B.

A manera de breve conclusión rescatamos tres reflexiones que ayudan a pensar acerca de esta debacle parlamentaria que todavía puede ser subsanada para evitar mayores daños a nuestros ideales republicanos, constitucionales y democráticos y que nos hacen pensar que no todo está definitivamente perdido en nuestro proceso democrático. Las frase son las siguientes: “¿Vamos a hacer un reglamento cada vez que no nos guste la Constitución para entonces poder violarla?”, se preguntó alarmado y con acierto el senador colorado Enrique Riera que antes estuvo muy cerca del cartismo y ahora se profesa idependiente. No menos certeros en sus diagnósticos estuvieron dos colegas suyos “patriaqueridistas”: “Quien no hace nada fuera de la ley ni de la Constitución, no tiene que temer a la pérdida de investidura”, sentenció Stephan Rasmussen, en tanto su colega y correligionario Fidel Zavala recordó el antídoto para este nuevo desastre y la importancia de la memoria: “Esperamos el veto del Ejecutivo y que la ciudadanía tome nota de quienes favorecen de esta forma la impunidad”. Nobleza obliga mencionar que accedimos a estas frases por medio de las páginas del diario Última Hora.