Violencia, trabajo infantil y exclusión escolar marcan la vida de miles de niños y niñas en el país
Según datos recientes, unos 51.000 menores de entre 10 y 17 años trabajan para ayudar a sus familias, el 6,2% del total de su rango etario. Muchos comienzan la escuela con ilusión, pero casi la mitad no logra completar la educación media en el tiempo previsto. Más de 187.000 hogares tienen al menos un niño o adolescente fuera del aula, sin acceso a la educación básica, que debería ser un derecho garantizado.
La violencia sexual también sigue siendo un fantasma que amenaza a los más pequeños en nuestro país. En 2024, más de 3.500 niños y niñas fueron víctimas de abuso, y el 95% de esos casos ocurrió en entornos familiares o de confianza. Entre 2020 y el primer cuatrimestre de 2025, se abrieron 5.841 causas judiciales por este delito. La situación se agrava con la práctica del criadazgo, que en 2011 afectaba a unas 47.000 niñas, y que aún hoy carece de actualización estadística y avances legislativos claros.
El embarazo infantil es otra herida abierta. En 2024 se registraron más de 9.000 casos entre niñas y adolescentes, muchas menores de 14 años, víctimas de abuso y obligadas a afrontar un embarazo que pone en riesgo su salud física y emocional. La vulnerabilidad se profundiza con la falta de acceso a servicios básicos: apenas el 22,5% de los niños y adolescentes cuenta con seguro médico, y más del 37% vive en situación de pobreza.
Desde organizaciones como la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertan: es urgente que el Estado paraguayo garantice una infancia libre de violencia, con acceso a educación, salud y protección integral. De lo contrario, el país seguirá reproduciendo desigualdades y vulnerando derechos fundamentales.