El Gobierno español introdujo cambios en su política migratoria mediante la aprobación del Real Decreto 1155/2024, que actualiza el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. La reforma fue aprobada el 19 de noviembre de 2024, publicada en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el 20 de mayo de 2025, tras un período de adaptación administrativa.
El nuevo marco normativo se produce en un contexto político más amplio, en el que el gobierno abrió en 2026 el debate sobre una eventual regularización extraordinaria de migrantes. La medida, que aún se encuentra en fase de tramitación política y administrativa, podría beneficiar a cientos de miles de personas que residen actualmente en situación irregular.
Para Paraguay, el tema reviste especial importancia debido al tamaño de su comunidad en España. Según estimaciones de la Embajada de la República del Paraguay en España, más de 162.000 paraguayos viven en ese país, considerando residentes legales, personas empadronadas y quienes ya obtuvieron la nacionalidad española.
La migración paraguaya hacia España se intensificó a comienzos de los años 2000, cuando el flujo migratorio comenzó a crecer de manera sostenida. Con el tiempo, esta corriente se consolidó como una de las diásporas paraguayas más importantes fuera de América del Sur.
Gran parte de los paraguayos en España trabaja en sectores como el cuidado de adultos mayores, servicios domésticos y distintos servicios, ámbitos donde los migrantes latinoamericanos encontraron oportunidades laborales. Estas actividades permitieron que miles de familias paraguayas establezcan redes de sustento económico en el exterior.
El fenómeno migratorio también tiene un fuerte impacto económico para Paraguay. En los últimos años, España se ha consolidado como uno de los principales orígenes de remesas enviadas al país, recursos que representan un ingreso clave para miles de hogares paraguayos que dependen del apoyo económico de familiares residentes en el extranjero.
