Posible desmonte clandestino en San Pedro enciende la alarma ambiental y fuerza intervención fiscal
Las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, exponen amplias franjas de bosque arrasado y maquinaria pesada en plena operación, en un área que hasta hace poco se encontraba cubierta por vegetación nativa.
De acuerdo con los reportes de los vecinos, los trabajos se estarían ejecutando dentro de la Estancia San Antonio, donde supuestamente se realiza una tala sistemática sin que exista certeza de permisos ambientales vigentes. Los denunciantes aseguran que el acceso al predio permanece estrictamente cerrado, lo que imposibilita cualquier verificación directa desde el interior y refuerza las sospechas de que se estaría llevando adelante un proceso de deforestación fuera de control y al margen de la ley.
Las fotografías permiten observar retroexcavadoras, topadoras y otros equipos de gran porte operando en sectores alejados de la ruta principal, lo que explicaría por qué desde el camino no se logran divisar los trabajos. Este detalle incrementa la inquietud de los pobladores, quienes temen que la magnitud del daño sea mucho mayor de lo que actualmente se puede apreciar.
Según datos aportados por residentes de la zona, la explotación del inmueble estaría a cargo de un ciudadano de nacionalidad alemana, aunque no se cuenta con información oficial confirmada sobre la identidad del responsable ni sobre la situación legal de la propiedad. La extensa superficie de la estancia y la lejanía de los accesos hacen que el control estatal sea prácticamente inexistente, según alertaron.
Ante la gravedad de las evidencias, el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades ambientales y judiciales. Desde la Fiscalía confirmaron que se activó un procedimiento de intervención para verificar in situ lo ocurrido, con el acompañamiento de técnicos del Ministerio del Ambiente y del Instituto Forestal Nacional, a fin de determinar si efectivamente se está ante un delito ambiental.
El fiscal de la unidad especializada en delitos ambientales de la zona, Juan Benítez, informó que se trasladará hasta el lugar para constatar personalmente la situación y evaluar las responsabilidades penales en caso de comprobarse una deforestación ilegal. Las primeras diligencias buscan establecer si existen autorizaciones, qué tipo de intervención se está realizando sobre el bosque y cuántas hectáreas ya habrían sido afectadas.
Los vecinos de San Pedro advierten que este tipo de hechos ya no son aislados y que el departamento atraviesa una acelerada pérdida de cobertura boscosa, impulsada por el avance de emprendimientos productivos sin controles efectivos. Alertan que, de mantenerse esta tendencia, los daños serán irreversibles tanto para el ambiente como para las comunidades que dependen de los recursos naturales.
Mientras avanzan las verificaciones, crece la presión social para que las instituciones actúen con rapidez y firmeza. La expectativa de los pobladores es que esta vez no quede solo en una intervención administrativa, sino que, de confirmarse el desmonte clandestino, se apliquen sanciones ejemplares para frenar una práctica que continúa devastando silenciosamente los últimos remanentes de bosque en el norte del país.