Paro se destraba, pero el transporte recién volverá a rodar desde la madrugada del lunes
Con el acuerdo sellado, las autoridades aseguraron que el servicio comenzará a restablecerse desde las 04:00 del lunes, después de un fin de semana marcado por la incertidumbre, la escasez de unidades y miles de usuarios afectados.
La reunión decisiva se realizó en el Viceministerio de Transporte, donde representantes del Ejecutivo y del sector empresarial buscaron una salida a una crisis que había puesto otra vez en evidencia la fragilidad del sistema de transporte público. El conflicto se había agravado luego de que los gremios rechazaran la forma en que el Estado calculó la compensación que debía pagar a las empresas, lo que derivó en la reducción del servicio y en una fuerte presión sobre los pasajeros.
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, anunció tras el encuentro que ya están dadas las condiciones para reactivar el sistema con normalidad desde la madrugada del lunes. Según sostuvo, el abastecimiento de combustible quedó asegurado y el compromiso asumido por las partes permitirá que las unidades vuelvan a operar regularmente luego de dos jornadas de fuerte impacto para la ciudadanía.
Uno de los puntos centrales de la negociación fue justamente garantizar el combustible para las empresas. En ese marco, Petropar pasó a ocupar un rol clave dentro del acuerdo. Desde la estatal se comprometieron a sostener la provisión de diésel y a facilitar el abastecimiento a través de su red de estaciones, con la intención de evitar nuevas interrupciones que puedan derivar otra vez en una paralización del servicio.
En el plano económico, el Gobierno defendió que se encuentra al día con los pagos correspondientes a enero y febrero y planteó además un calendario de desembolsos con fechas definidas para dar mayor previsibilidad al sector. También aceptó acreditar la compensación reclamada por los empresarios y revisar ciertos componentes de la tarifa técnica, un punto que venía siendo motivo de fuerte disputa entre ambas partes.
Pese al entendimiento alcanzado, la crisis no quedó del todo cerrada. Desde el Ejecutivo advirtieron que se estudiará la situación de las empresas que suspendieron servicios de forma unilateral sin ajustarse a los procedimientos legales establecidos. Las eventuales sanciones podrían ir desde multas hasta medidas más severas, dependiendo de la evaluación oficial sobre el grado de incumplimiento.
La tensión entre transportistas y autoridades se arrastraba desde hace varios días y tuvo como detonante el fuerte aumento del gasoil, que según los empresarios llegó hasta G. 1.700 por litro a causa de la suba internacional de los combustibles vinculada a la guerra en Medio Oriente. Con ese escenario, los gremios presentaron una serie de exigencias al Viceministerio de Transporte, entre ellas una actualización de la tarifa técnica y un reajuste del esquema de subsidios. El Gobierno, sin embargo, ratificó que no trasladará ese impacto al bolsillo de los pasajeros, por lo que los precios del pasaje seguirán en G. 2.300 para el servicio convencional y G. 3.400 para el diferencial.
Como parte de la salida planteada, el MOPC había anunciado un desembolso total de US$ 7,6 millones para el sector. De ese monto, US$ 3,1 millones corresponden a compensaciones pendientes por diferencias en tarifas técnicas de 2025, mientras que otros US$ 4,5 millones serán destinados al subsidio de febrero de este año. Sin embargo, los empresarios cuestionaron el criterio utilizado para determinar esos valores y rechazaron especialmente el cálculo de las compensaciones.
Cetrapam fue uno de los gremios más duros en sus críticas. Su titular, César Ruiz Díaz, insistió en que el monto definido por el Gobierno no refleja los costos reales del servicio y remarcó que los cálculos del año pasado fueron objetados por varios sectores dentro del Consejo Asesor de Tarifas. Los empresarios sostienen que existe un desfase cercano al 15% entre lo reconocido por el Estado y los costos efectivos que debieron afrontar las empresas.
Desde el Viceministerio de Transporte, en contrapartida, remarcaron que la posición de los gremios no tiene carácter vinculante dentro del proceso de fijación tarifaria y negaron que el estudio de la Asociación Nacional del Transporte Público de Brasil haya sido contratado para recalcular tarifas pasadas. La cartera sostuvo que ese trabajo tenía otro objetivo y calificó como inexactas varias de las afirmaciones realizadas por los transportistas.
Más allá del acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza, el episodio volvió a dejar al descubierto un problema estructural: la dependencia del sistema de decisiones tardías, subsidios discutidos y cálculos retroactivos que, con frecuencia, terminan trasladando la crisis a los usuarios. Esta vez el paro se levantó, pero el trasfondo del conflicto sigue abierto y la amenaza de nuevas turbulencias sobre el transporte público todavía no desaparece.