NacionalesInforme Banco Mundial
El porcentaje del PIB que Paraguay destina al gasto público en salud continúa por debajo del estándar recomendado para garantizar atención adecuada a toda la población. En 2021, según datos de organismos internacionales, el gasto público en salud representó 4,47 % del PIB. En 2022 esa cifra retrocedió levemente, ubicándose en 4,08 %.
En contraste, la región de América Latina y el Caribe (ALC) elevó en los últimos años la proporción de su PIB destinada a salud, alcanzando entre 4,0 % y 4,4 % en promedio.
La brecha estructural pone al sistema paraguayo en una situación de desventaja comparativa: los recursos son insuficientes para garantizar cobertura amplia, calidad y equidad territorial.
El bajo nivel de inversión pública tiene efectos tangibles. Estudios recientes advierten que el financiamiento estatal cubre menos de la mitad del gasto sanitario total; gran parte recae sobre los hogares, que deben asumir "gastos de bolsillo" —en medicamentos, consultas e insumos— una carga que resulta especialmente pesada para las familias de ingresos bajos o medios.
Además, esta insuficiente inversión limita la capacidad del sistema para ampliar infraestructura, garantizar dotación de personal, mejorar equipamientos y ofrecer servicios integrales de salud. Las desigualdades territoriales se acentúan: quienes viven en zonas rurales o alejadas enfrentan aún más dificultades para acceder a atención médica oportuna y de calidad.
La situación cobra especial relevancia en un contexto donde la población demanda cada vez más servicios: enfermedades crónicas, atención preventiva, salud materno-infantil, y cobertura sanitaria ante emergencias —como las derivadas de epidemias o crisis sociales. Si Paraguay pretende avanzar hacia una cobertura universal sostenible —tal como plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS) / Organización Panamericana de la Salud (OPS) —, resulta indispensable revisar la asignación presupuestaria y priorizar la salud pública como inversión de Estado.
El reciente proyecto presupuestario para 2026 aprobado por el gobierno contempla un incremento en los fondos destinados al sector salud, con una asignación de G. 10,1 billones. Pero este monto representará apenas 2,5 % del PIB proyectado, lejos del mínimo sugerido para garantizar servicios básicos adecuados.
La deuda sanitaria —mantenimiento precario, falta de cobertura amplia, desigualdades en acceso— exige un debate público urgente. Para lograr un Paraguay más justo y saludable, la inversión en salud debe dejar de ser un gasto variable y transformarse en una prioridad estructural sostenida.
