La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) alertó en estos días sobre lo que definió como “una epidemia oculta, el consumo de drogas entre las personas mayores”, ubicándola como un fenómeno históricamente invisibilizado al que los gobiernos deberían dispensar especial atención en el marco de la pandemia de Covid-19.
La JIFE es un organismo internacional de fiscalización independiente y cuasi judicial establecido en 1968, cuyas funciones están consagradas en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; la Convención sobre sustancias psicotrópicas, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
“La JIFE destaca que, a medida que la población mundial envejece, existe una mayor vulnerabilidad al consumo de drogas y su dependencia entre las personas mayores. El consumo de sustancias y los trastornos relacionados entre la población de edad han aumentado en los últimos años, pero este grupo demográfico se ha pasado por alto en gran medida”, señala un cable distribuido a la prensa por el Centro de Información de Naciones Unidas en Asunción, que anunció que la presentación local del informe se llevará a cabo el 8 de abril a las 10:00.
El informe advierte que las medidas gubernamentales destinadas a frenar la propagación del coronavirus provocaron una escasez de algunas sustancias fiscalizadas con fines médicos y científicos, que se agravó con la creciente demanda para el tratamiento de pacientes con Covid-19, que también interrumpió tratamientos y otros servicios relacionados con la salud.
Dice que las personas con problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias se han visto particularmente afectadas por la pandemia, y que las restricciones de movilidad y el aislamiento social les han impuesto una mayor presión por la suspensión de servicios debido a los protocolos sanitarios.
Cornelis de Joncheere, presidente del organismo internacional, expresó su preocupación por lo elevado de la cifra de muertes por sobredosis de drogas emparentadas con el fentanilo y la metanfetamina, atribuyéndolas a los impactos menos conocidos de la pandemia de Covid-19.
“Los datos han demostrado un aumento del uso de analgésicos, tranquilizantes, benzodiazepinas y sedantes por parte de las personas en edades avanzadas durante la última década. Sin embargo, las encuestas sobre el consumo de drogas han pasado por alto en gran medida a las personas mayores de 65 años. Las personas mayores con problemas de uso de sustancias también enfrentan desafíos únicos relacionados con la edad, incluido el aislamiento o los desafíos físicos”, señala la información.“La pandemia ha tenido un efecto desproporcionado en el bienestar de las personas de edad. El consumo de drogas y las muertes relacionadas con las drogas han ido en aumento entre las personas de edad, como también se ha ido incrementando el número de personas de edad que reciben tratamiento por problemas de consumo de drogas”, señaló el presidente de la JIFE.
“Todavía no hemos visto la totalidad de los efectos de la pandemia en la salud mental y es necesario mejorar los servicios de prevención y tratamiento con base empírica a fin de evitar un incremento en los trastornos por consumo de drogas y los problemas de salud mental. Es una responsabilidad que todos compartimos. Para reconstruir con miras a mejorar tras los desafíos sin precedentes de 2020 y garantizar el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario que la comunidad internacional trabaje con más ahínco y de manera más inteligente”, recomendó De Joncheere.
Paraguay sin datos
En Paraguay no hay estadísticas sobre esta “epidemia oculta” sobre la que alerta el organismo internacional. No hay disponible mayor información sobre el consumo de drogas ilícitas, como tampoco de tranquilizantes y estimulantes por parte de personas adultas mayores, de 65 años en adelante, cuyo total equivale al 6,9% de la población, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 2021.
La poca información disponible tampoco está actualizada y se centra mayormente en el consumo de drogas y psicofármacos por parte de adolescentes y jóvenes, desde los 13 hasta los 24 años. Así también, las acciones de reducción de la demanda, de organismos como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), se enfocan en estos segmentos etarios, a los que identifica como “edades críticas”. También los servicios de rehabilitación y tratamiento de adicciones están dirigidos al mismo sector meta.
“La SENAD ha detectado el consumo indebido de las siguientes sustancias entre adolescentes y jóvenes escolarizados: opiáceos, sedantes, tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos, barbitúricos, anabólicos, ketamina, benzodiacepinas, marihuana, cocaína fumable, cocaína clorhidrato, solventes, basuco, hashis, éx-tasis, LSD y alucinógenos”, señala el organismo antidrogas en su Informe Nacional de 2017, el último dado a conocer según informó a El Nacional la abogada Elba Alicia Escobar Fernández, directora del Observatorio Paraguayo de Drogas (OPD).“Las drogas ilícitas que se consumen son varias y es posible que se asocien con características socioeconómicas de la población. Las drogas más ampliamente consumidas son la marihuana, la cocaína fumable (crack) y la cocaína clorhidrato”, agrega el estudio.
Observaciones hechas en la última década sitúan en 6,1% la prevalencia del consumo de tranquilizantes entre adolescentes y jóvenes, y cerca del 3% en el caso de estimulantes. “No hay estudios en el país sobre la magnitud del problema en poblaciones específicas como el personal de salud y otros con acceso a estos productos. Existe un marco normativo para el control y uso racional de medicamentos, pero su aplicación es limitada”, afirma el Informe de la SENAD.
La directora del OPD informó que este año su oficina se dispone a realizar otro Informe Nacional y otra Encuesta de Hogares que actualice los datos de la última, de 2004. “Tenemos proyectado hacer dos estudios, la encuesta a estudiantes, y la nueva encuesta de hogares que tiene un rango etario hasta los 65 años”, explicó. “Estamos buscando los recursos, con el BID, la OPS, USAID, pero la pandemia nos está retrasando porque es bien sabido que la cooperación internacional disponible ahora es mayormente para la pandemia”, finalizó.
