La operación Anemia, liderada por la Policía y la Receita Federal de Brasil, se operó con la finalidad desmantelar una organización delictiva que se dedicaba a la importación ilegal de grandes cantidades de productos extranjeros, sin seguir los procedimientos legales pertinentes. Según las autoridades, la organización operaba en conjunto con una red de colaboradores, incluyendo agentes públicos activos e inactivos.
Los informes indican que este grupo introducía productos de contrabando en Brasil desde Paraguay, y luego los distribuía a clientes en São Paulo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Goiás y el Distrito Federal. Estos productos se vendían en grandes mercados populares y tiendas de electrónica, sin cumplir con las normativas legales de importación.
Durante las investigaciones, se hallaron pruebas de actividades ilegales y lavado de dinero. Las cuentas bancarias asociadas con los sospechosos mostraban transacciones con individuos con antecedentes penales por contrabando, evasión fiscal y lavado de dinero.
La organización estaba estructurada en siete núcleos: gestión, logística, financiadores, contadores, cambistas/operadores financieros, compradores y testaferros. Esta división de tareas permitía una operación organizada y eficiente.
Además, se descubrió que el grupo, para sus actividades delictivas, comenzó a adquirir productos directamente de proveedores en Estados Unidos, China y Hong Kong. Utilizaban ciudades paraguayas fronterizas como almacenes para las mercancías, las cuales eran recibidas a través de servicios de mensajería internacional.
Para efectuar pagos a proveedores en estos países, la organización estableció una compleja red de empresas nacionales y extranjeras (offshore). Estas empresas usaban criptomonedas para facilitar la evasión de divisas y el lavado de dinero. En una de estas empresas, registrada a nombre de una empleada, se manejaron aproximadamente 700 millones de reales sin declarar los ingresos correspondientes.
Los financiadores de la organización, muchos de ellos servidores públicos, invertían recursos y luego compartían las ganancias obtenidas ilegalmente. Contadores y operadores financieros eran parte del esquema, encargándose de dar una apariencia legal a las operaciones y de manejar el flujo financiero.
Los delincuentes utilizaban empresas fantasma sin capacidad operativa real y simulaban flujos contables para registrar ingresos ficticios. De este modo, podían distribuir ganancias entre los socios y ocultar el origen ilícito de los fondos.
Las pruebas obtenidas llevaron a una orden judicial para realizar allanamientos en las propiedades vinculadas a los investigados, con el objetivo de recolectar más evidencia de los delitos cometidos.
En el operativo participaron aproximadamente 34 interventores fiscales de la Receita Federal y 220 agentes de la Policía Federal. En total, se ejecutaron 53 órdenes de allanamiento e incautación y 7 órdenes de aprehensión preventiva, en ciudades de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro.
Las órdenes judiciales, emitidas por el 9º Juzgado Federal de Curitiba, incluyeron el secuestro, bloqueo e incautación de bienes inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, obras de arte, joyas, criptoactivos y otros artículos de lujo o de alto valor encontrados durante los allanamientos.
