NacionalesCONTRALORÍA CIUDADANA DE CDE
Desde la Contraloría Ciudadana, una organización civil sin banderías políticas de Ciudad del Este, retomaron con fuerza los cuestionamientos a un pago realizado por servicios de mensura judicial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Según denuncian, el municipio desembolsó G. 263 millones por un trabajo cuyo costo estaría muy por encima de los valores habituales para este tipo de servicios.
La organización presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el exjefe comunal por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal, relacionados con la adjudicación —que califican como un proceso licitatorio direccionado— del servicio de mensura judicial de la conocida Finca 66, expropiada por el Estado paraguayo a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este en la década de 1990.
Según la denuncia, las sospechas de un presunto negociado con indicios de malversación de fondos surgieron a partir del llamado a licitación para la realización de la mensura, que fue adjudicada a la empresa Geocad Consultoría, propiedad de Jorge Quintana López, por un monto total de G. 2.673 millones.
"Desde el plano jurídico, la operación choca frontalmente con los principios de eficiencia, transparencia y economía consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrataciones Públicas. Los recursos del Estado deben administrarse con probidad y toda erogación de fondos públicos debe responder a criterios de necesidad y razonabilidad. Aquí, la desproporción del gasto revela un esquema que, más que un servicio técnico, parece diseñado para el desvío de recursos", sostuvo uno de los voceros de la organización, Víctor Enríquez Núñez.
El Nacional intentó obtener la versión de la empresa mencionada, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, Miguel Prieto habría denegado el acceso a información adicional, alegando que los datos solicitados no constituyen información pública.
Según averiguaciones realizadas por este diario, con base en la tabla de honorarios del Colegio de Escribanos del Paraguay, el costo de un estudio de títulos de los inmuebles involucrados no superaría los 50 jornales mínimos. Considerando el jornal mínimo vigente de G. 107.627, dicho trabajo tendría un costo aproximado de G. 5.381.350.
Investigación fiscal
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, actualmente bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, reactivó una denuncia presentada hace más de dos años y la registró bajo la carpeta fiscal N.º 12.926/24, caratulada "Contratación de la empresa Geocad s/hecho punible a determinar", a cargo de los fiscales Marlene González y Néstor Coronel.
La investigación, que cobró nuevo impulso tras la incorporación de elementos aportados por los denunciantes, busca determinar si existieron hechos punibles como lesión de confianza, administración en provecho propio o incluso asociación criminal.
A partir de ahora, los denunciantes esperan que el caso no termine en el tradicional opareí —expresión popular utilizada para describir causas que quedan sin resolución— y que, por el contrario, siente un precedente firme en la lucha contra la corrupción municipal.
Lo que está en juego, sostienen, no es solamente el dinero de los contribuyentes, sino también la credibilidad de las instituciones y el respeto al principio constitucional de que la administración pública debe estar al servicio de la sociedad y regirse por los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
