"Los juzgados especializados pueden evitar feminicidios, pero la prevención es educación", afirman
La iniciativa de la senadora Lilian Samaniego de presentar nuevamente en marzo el proyecto de ley que crea juzgados especializados en violencia contra las mujeres vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el país no ha logrado resolver. Para entender el alcance de la propuesta, El Nacional consultó a la jueza Lourdes Peña, quien fue tajante: "hace falta".
La magistrada afirmó que, ante el aumento alarmante de feminicidios y violencia familiar, no es posible "cerrar los ojos" y continuar tratando estos casos como parte del sistema penal general. Según Peña, la especialización judicial puede ser una herramienta decisiva, tanto para mejorar la investigación como para reforzar la sanción, elementos que pueden incidir directamente en la prevención.
Herramienta preventiva
Cuando se le preguntó si la especialización judicial puede influir en la prevención o si solo sirve para actuar después de la tragedia, Peña fue clara: puede influir en la prevención, siempre que exista una investigación seria y una sanción efectiva.
"Yo creo que puede ser que influya para la prevención con buena investigación y la sanción", respondió. Y agregó que, en la práctica, el problema es que muchos casos de violencia no terminan con una respuesta contundente del Estado, lo que genera una sensación de impunidad y alienta a quienes ejercen violencia.
El núcleo del problema
Pero la jueza no se quedó en el terreno judicial. En su visión, el verdadero cambio debe venir desde la educación. En este punto, su posición se vuelve más crítica y más política: el Estado debe asumir un rol activo y obligatorio en la formación de niños y jóvenes.
"El Estado como responsable debe poner en los programas de educación en todos los niveles desde el comienzo una educación inclusiva sin discriminación y allí hacer hincapié constante que no se debe maltratar", explicó Peña.
Para ella, la escuela debe ser el espacio donde se enseñe con claridad que no se debe maltratar, que el respeto es un derecho, y que la libertad de decidir y terminar una relación es una opción legítima para cualquier persona.
El problema, según la jueza, no es que los hombres odien a las mujeres, sino que no fueron educados para aceptar que las mujeres tienen derechos y pueden dejar una relación. "Los hombres no entienden y no aceptan. Ese es el problema. No es que odian por ser mujer", afirmó Peña.
En otras palabras: la violencia no nace de un odio espontáneo, sino de una cultura que normaliza el control y la dominación.
Perspectiva de género
En su respuesta, Peña también insistió en un punto clave: la justicia debe actuar con perspectiva de género, como lo recomienda la Comisión de Derechos Humanos. Esta exigencia no es solo una etiqueta: implica comprender que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino parte de un patrón social.
"Siempre se debe juzgar e investigar con perspectiva de género", sostuvo, y añadió que la especialización permitiría que los casos se aborden con mayor sensibilidad y conocimiento del fenómeno y es justamente de lo que habla en una publicación realizada para la Revista Jurídica del Paraguay, titulada: Juzgamiento penal con visión de género en nuestro ordenamiento jurídico.
Tribunales especializados
La jueza enfatizó que los tribunales especializados son fundamentales para que los casos de violencia no terminen en feminicidio. Con este enfoque, el Estado podría intervenir antes, con procesos más ágiles, medidas de protección más efectivas y un seguimiento real de los casos.
"Es importante que haya tribunales especializados si hay violencia, para que no termine en feminicidio", afirmó.