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El relevamiento, impulsado por las nuevas autoridades de la previsional, expuso un importante atraso en el seguimiento de denuncias acumuladas durante la última década y puso sobre la mesa la necesidad de acelerar investigaciones vinculadas al manejo de recursos que pertenecen a los asegurados.
Cuando Isaías Fretes asumió la presidencia del Consejo de Administración del IPS, el reporte preliminar hablaba de 38 expedientes penales. Sin embargo, una verificación más exhaustiva realizada por la Dirección Jurídica permitió identificar un total de 67 causas en trámite, reflejando la dimensión real del problema que arrastra la institución.
El director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, sostuvo que la previsional posee una estructura extremadamente compleja debido a la diversidad de funciones que concentra. Explicó que el IPS administra áreas comparables a distintos organismos del Estado y también desarrolla actividades propias de entidades financieras e inmobiliarias, lo que convierte su funcionamiento en un sistema de gran magnitud y complejidad administrativa.
Según indicó, al revisar los expedientes aparecen numerosas situaciones pendientes cuya falta de seguimiento resulta difícil de explicar. Señaló que en prácticamente todas las áreas surgen interrogantes sobre por qué determinadas acciones nunca fueron ejecutadas o por qué varios procesos permanecieron sin avances durante años.
Uno de los aspectos que más preocupa a la nueva administración es la antigüedad de varios expedientes. Entre ellos figura una causa iniciada en 2016 relacionada con bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que continúa abierta después de una década sin resolución definitiva.
La nómina revisada muestra además que el mayor volumen de investigaciones corresponde al año 2024, periodo en el que fueron iniciadas 25 causas penales. Le sigue el 2025 con 18 expedientes, mientras que durante el 2026 ya se contabilizan ocho procesos.
Durante este periodo, la presidencia del IPS estuvo a cargo de Benigno López, Armando Rodríguez, Andrés Gubetich, Vicente Bataglia, Jorge Brítez y actualmente Isaías Fretes, quien asumió en abril de este año con la promesa de reorganizar la institución.
Morínigo identificó como uno de los expedientes de mayor impacto el relacionado con la Unión de Patronales. Explicó que la investigación apunta a un supuesto esquema mediante el cual se alteraban datos de empresas para ocultar obligaciones pendientes, permitiendo así la obtención de certificados de cumplimiento o la participación en procesos licitatorios. Afirmó que el objetivo es determinar cómo fue posible esa manipulación, identificar a los responsables y corregir los mecanismos internos para impedir que una situación similar vuelva a repetirse.
El director jurídico también manifestó que la institución busca actuar con mayor rigor al momento de presentar denuncias. Explicó que en numerosas ocasiones se difundieron cifras millonarias sobre presuntos perjuicios económicos sin contar con elementos suficientes para respaldarlas, situación que posteriormente debilitaba las investigaciones ante el Ministerio Público.
Por esa razón, señaló que la estrategia actual consiste en reunir primero los indicios necesarios para demostrar la existencia de un hecho punible y recién después cuantificar el daño patrimonial y establecer las responsabilidades correspondientes. El objetivo, afirmó, es evitar denuncias improvisadas que puedan terminar desacreditando el trabajo institucional.
No obstante, el análisis de las causas revela que al menos 25 expedientes hacen referencia directa a hechos con contenido económico, entre ellos presuntas estafas, evasión, cohecho, apropiación indebida, cobros irregulares y otros delitos vinculados al manejo de fondos públicos.
Las investigaciones abarcan además diferentes tipos de hechos. Existen procesos relacionados con contrataciones públicas y licitaciones que permanecen estancados en la etapa fiscal; otros corresponden a alteraciones de datos vinculados a aportes patronales que actualmente están siendo revisados; y también se registran litigios civiles derivados de procesos penales que todavía esperan la realización de juicios orales.
Con el propósito de acelerar las causas, la Dirección Jurídica anunció una hoja de ruta para los próximos meses que contempla visitas periódicas al Ministerio Público y al Poder Judicial. La intención es realizar un seguimiento permanente de cada expediente, conocer el estado de las investigaciones y colaborar para destrabar los casos que llevan años sin avances significativos.
Las autoridades consideran que estos procesos no representan únicamente expedientes archivados, sino posibles perjuicios económicos que afectan directamente a los recursos destinados a la atención médica y al sistema jubilatorio de miles de asegurados. En ese sentido, sostienen que la prioridad será identificar a los responsables, fortalecer los mecanismos de control interno y evitar que vuelvan a repetirse maniobras que comprometan el patrimonio de la previsional.
El IPS reconoce que recuperar la confianza ciudadana exigirá mucho más que la publicación del listado de causas abiertas. El verdadero desafío será demostrar avances concretos en las investigaciones, impulsar las responsabilidades que correspondan y lograr que los recursos eventualmente desviados puedan ser recuperados en beneficio de los trabajadores que sostienen el sistema con sus aportes.
