Imputan a docente por omitir protocolos ante un caso de acoso escolar que terminó en tragedia
El Ministerio Público imputó a una docente de 43 años por la presunta comisión del hecho punible de violación del deber de cuidado o educación, al considerar que habría omitido la aplicación de los protocolos oficiales ante situaciones de acoso escolar y violencia psicológica sufridas por un alumno durante el año 2023.
La investigación señala que la falta de intervención derivó en un grave deterioro emocional del menor, quien falleció en julio de 2024.
La imputación fue presentada por la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este. Según el Ministerio Público, la docente habría tenido conocimiento directo de los episodios de acoso escolar que afectaban a un alumno de 12 años, pero presuntamente no activó los mecanismos de detección temprana ni informó los hechos a las instancias correspondientes, tal como lo establecen los protocolos del Ministerio de Educación.
El requerimiento fiscal sostiene que esta omisión permitió que el hostigamiento se prolongara en el tiempo, lo que ocasionó un progresivo deterioro de la salud psíquica del niño. Como consecuencia, el menor falleció el 3 de julio de 2024.
Para la Fiscalía, la conducta atribuida a la imputada constituye una grave falta a su rol como garante de la integridad y el bienestar del estudiante, ya que en su función debía brindar acompañamiento educativo y apoyo personalizado ante situaciones que afectaran el desarrollo personal y social de sus alumnos.
Entre los elementos que sustentan la imputación se mencionan actas de entrevistas, informes del centro educativo y el resultado de una autopsia psicológica, que establece una relación directa entre el acoso escolar sufrido y el aumento del riesgo de conductas autolesivas. La evaluación forense concluye además que las víctimas de acoso pueden desarrollar problemas físicos y de salud mental que se extienden incluso hasta la adultez.
En cuanto a las medidas procesales, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y requirió la aplicación de medidas cautelares menos gravosas, bajo estrictas reglas de conducta. Entre ellas figuran la fijación de domicilio, la comparecencia periódica ante el juzgado, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse o acercarse a los familiares del menor por cualquier medio.
Finalmente, la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para la presentación del requerimiento conclusivo de la causa.