Imputan a Alexandre Rodrigues y a tres escribanas por maniobras de ocultamiento de bienes
La investigación sostiene que Rodrigues y las profesionales habrían ejecutado una serie de maniobras destinadas a transferir propiedades y vehículos con el objetivo de ocultar patrimonio y frustrar su comiso judicial.
La acusación fue presentada por los fiscales Alejandro Cardozo, José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. Contra Rodrigues pesa el cargo de lavado de dinero en la modalidad de impedir el comiso, además de instigación y utilización de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía pidió su prisión preventiva.
Las escribanas señaladas son Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, María Luisa Verón de Jara y María Raquel Cáceres Olmedo, a quienes se les atribuye haber elaborado y utilizado documentos notariales falsos para facilitar las transferencias. Para ellas, el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión.
La causa se tramita en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, bajo la magistrada Rosarito Montanía, quien deberá decidir sobre la admisión de la imputación y convocar a las audiencias correspondientes.
El caso se remonta al 19 de agosto de 2024, cuando durante un amplio operativo realizado en Pedro Juan Caballero se produjeron allanamientos simultáneos en las viviendas de "Lalo" Gomes y su hijo. El procedimiento, encabezado por fiscales especializados, terminó con la muerte del entonces diputado y la detención de Rodrigues. Ese mismo día el juez Osmar Legal ordenó la inhibición general para enajenar bienes, medida que fue registrada en la Dirección General de los Registros Públicos.
Sin embargo, al día siguiente la defensa de Rodrigues, encabezada por el abogado Óscar Tuma, ya había apelado la resolución. Horas más tarde, una funcionaria de Registros Públicos modificó en el sistema los datos de Rodrigues, sustituyendo su identidad por la de otra persona y anulando así la restricción.
Con la modificación cargada el 21 de agosto de 2024, Rodrigues procedió a realizar doce transferencias patrimoniales en pocos meses: cuatro de inmuebles y ocho de vehículos, entre los que figuraban camiones y camionetas. Parte de esos bienes pasaron directamente a nombre de su abogado como forma de pago de honorarios profesionales.
La investigación apunta a que las escribanas jugaron un rol clave en la legalización de estas operaciones, ya que solicitaron informes en momentos críticos y actuaron inmediatamente después de que el sistema registrara la eliminación de las medidas cautelares. Para la Fiscalía, estas conductas evidencian una coordinación destinada a burlar la acción de la justicia y a proteger el patrimonio del procesado, hoy nuevamente expuesto a la posibilidad de comiso tras la nueva imputación.