NacionalesEsquema fraudulento
Una investigación fiscal reveló que una empresa habría perpetrado un millonario fraude al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas rápidamente y así acceder a compensaciones por cesación laboral. Según la fiscal Teresa Sosa, el perjuicio económico supera los G. 1.200 millones.
La pesquisa determinó que la firma utilizada para el esquema no existía realmente y que los involucrados facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio sin prestar servicio alguno. "El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones", afirmó Sosa en comunicación con la 1020 AM.
El propietario de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron procesadas tras las diligencias fiscales.
La fiscal indicó que algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando información clave para reconstruir el modus operandi de la organización y devolviendo parte del dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio. De las 84 personas inicialmente investigadas, 17 quedaron fuera de imputación por su cooperación y reparación del daño.
La investigación continúa abierta para determinar si existen otros responsables o ramificaciones del fraude. El caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en períodos de crisis sanitaria, cuando se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a beneficios estatales. El Ministerio Público aseguró que seguirá con las diligencias hasta recuperar los fondos públicos comprometidos.
