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La propuesta apunta a crear un marco legal específico para fortalecer la protección de los pacientes y reducir los riesgos durante la atención en hospitales, clínicas y demás servicios de salud, tanto públicos como privados.
El legislador argumentó que el acceso a la salud no debe limitarse únicamente a la existencia de hospitales o centros asistenciales, sino que también debe garantizar condiciones adecuadas, atención segura y estándares mínimos de calidad.
El proyecto sostiene que el derecho constitucional a la salud se ve vulnerado cuando las personas sufren daños evitables dentro del propio sistema sanitario, situación que, según advierte, continúa generando graves consecuencias humanas y económicas.
Entre los problemas señalados aparecen infecciones hospitalarias, errores en la administración de medicamentos, confusiones en la identificación de pacientes y fallas quirúrgicas, episodios que, según la iniciativa, siguen ocurriendo en distintos niveles del sistema de salud.
La propuesta también cuestiona que la legislación sanitaria vigente quedó rezagada frente a los nuevos desafíos vinculados al control de riesgos médicos y la seguridad hospitalaria, por lo que plantea actualizar mecanismos de fiscalización y prevención.
Otro de los puntos centrales es la intención de disminuir las desigualdades existentes entre la atención médica brindada en Asunción y el interior del país, así como las diferencias de calidad entre establecimientos públicos y privados.
El proyecto aclara además que no pretende impulsar una persecución contra médicos o personal sanitario, sino promover sistemas de reporte y evaluación que permitan detectar errores sin mecanismos punitivos automáticos, con el objetivo de corregir fallas y evitar su repetición.
La iniciativa propone abandonar lo que denomina una "cultura del ocultamiento" dentro del sistema sanitario para avanzar hacia modelos basados en transparencia, monitoreo y mejora continua de los servicios.
Entre las medidas planteadas figuran la acreditación obligatoria de centros de salud, controles más estrictos sobre infraestructura y personal especializado, fortalecimiento del consentimiento informado y mayor acceso de los pacientes a información clara sobre tratamientos y procedimientos.
También contempla mecanismos de vigilancia epidemiológica y farmacovigilancia para reforzar el monitoreo de infecciones y eventos adversos relacionados con medicamentos y prácticas médicas.
El proyecto será ahora estudiado en comisiones de la Cámara de Diputados, en medio del debate sobre las falencias estructurales del sistema sanitario y las crecientes exigencias ciudadanas por servicios médicos más seguros y eficientes.
