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Este martes 5 de agosto se cumple el primer aniversario del programa Hambre Cero, que actualmente brinda desayuno, almuerzo y merienda a unos 1.050.000 estudiantes en más de 7.000 escuelas de 263 distritos del país, con una inversión anual superior a los 300 millones de dólares.
Aunque el Gobierno celebra logros como la retención escolar, la economía familiar y empleo rural formal, la prensa y organismos de control han documentado múltiples irregularidades operativas.
Según la Contraloría General de la República, tras inspeccionar 300 instituciones en Asunción, Central y otros departamentos, detectaron deficiencias graves como provisiones incompletas, falta de raciones, baja calidad de alimentos y entrega irregular en al menos 33 de 57 escuelas visitadas. En distintos colegios, niños almorzaron en aulas improvisadas por falta de comedores y mobiliario.
En la Escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso, por ejemplo, es recordada la entrega de un almuerzo descrito como "picadito" aguado en lugar de caldo, lo que derivó en una investigación del Ministerio de Desarrollo Social y la retención del pago a la empresa proveedora por 565 raciones. Casos similares se reportaron en escuelas de Lambaré y otras zonas del departamento Central, donde alumnos sintieron malestar tras consumir los menús.
Desde el lanzamiento, el Ministerio registró unas 75 denuncias en la primera semana y alrededor de 65 a 75 casos en total en Asunción, Central y Presidente Hayes. Estos reclamos incluyeron raciones incompletas, alimentos en mal estado y retrasos en la entrega de meriendas. El Ministerio calificó estas quejas como "normales" en un programa de esta magnitud, aunque representa cerca del 1 % del total de raciones distribuidas.
Además, el Sindicato Nacional de Directores de Escuelas había anunciado la presentación de una denuncia formal por la mala calidad de insumos y la exclusión de estudiantes, especialmente en comunidades originarias del interior, acusando que los colegios ya no tienen control directo sobre la distribución de alimentos.
También hubo cuestionamientos al proceso de licitaciones: Contrataciones Públicas recibió una denuncia de identidad protegida que plantea falta de audiencias públicas, ausencia de planificación interinstitucional y falta de atención a necesidades de niños con intolerancias, aunque el proceso licitatorio no se detuvo.
Estas denuncias contrastan con las celebraciones oficiales del programa, y apuntan a falencias en la infraestructura escolar (sin cocinas, agua o electricidad en muchas instituciones), controles débiles sobre la calidad alimentaria y falta de participación local en la supervisión, lo que deja en evidencia una implementación apresurada sin garantías suficientes.
