NacionalesJuventud fracturada
Durante cuatro meses, Carlos (nombre ficticio), de unos 20 años, convirtió el rincón frente al baño de un surtidor en Capiatá en su lugar de estadía. Cubierto con ropas anchas y polvorientas, su cuerpo enflaquecido se ocultaba bajo el cabello desordenado, una barba incipiente y la mirada perdida. Se movía con pasos lentos, sobreviviendo con lo que encontraba en la basura o con las monedas que pedía para fumar o comer algo.
Los vecinos sabían que había sido expulsado de su casa por su adicción y los pequeños hurtos que empezó a cometer para sostener su vicio. Algunos lo evitaban por miedo; otros, con cautela, se detenían a hablarle. Una tarde sorprendió al barrio cuando ayudó a una vecina a recuperar a su perrito perdido. No quiso dinero, solo aceptó un sándwich. Poco después desapareció. Nadie sabe si cayó preso, si la calle lo devoró o si logró rehacer su vida.
La historia de Carlos se repite en barrios de todo el país. Jóvenes escondidos bajo capuchas buscan entre los desechos algo para vender y arrastran un mismo destino: consumo, pequeños robos, pasos por comisarías y juzgados, y un rápido retorno a la calle. Bajo los efectos de las sustancias, pueden incapacitar a un trabajador o dejar a un niño sin madre, y aun así vuelven a la intemperie, sin contención ni salida.
La falta de empleo formal y de oportunidades educativas golpea con fuerza. En zonas rurales, hasta ocho de cada diez familias dependen del cultivo de marihuana porque los productos tradicionales ya no alcanzan para sostenerse. Sin trabajos estables ni formación técnica, muchos adolescentes terminan en la economía informal o el microtráfico, donde el dinero llega rápido, pero a un costo devastador.
La violencia intrafamiliar y los hogares desestructurados empujan a miles a buscar refugio en la calle, donde las drogas funcionan como anestesia temporal frente al hambre, el dolor y la frustración.
La salud mental también influye: solo el 2% del presupuesto sanitario se destina a este campo, lo que vuelve casi inaccesible el tratamiento. UNICEF advirtió que la pandemia agravó la depresión y la ansiedad entre adolescentes, aumentando su vulnerabilidad.
Según el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca del 80% de los delitos en Paraguay son cometidos por jóvenes de entre 14 y 25 años, muchos bajo los efectos de drogas. En barrios marginales, el acceso a las sustancias es inmediato.
El microtráfico, dominado por grupos como el Clan Rotela, ofrece pertenencia y una ilusión de poder a quienes no encuentran un lugar en la sociedad formal, pero también estigmatiza: los jóvenes con capucha y mirada esquiva son señalados como "peligrosos", marginándolos de cualquier posibilidad de reinserción.
Respuestas institucionales
El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza "Sumar" articula a más de 22 instituciones para atacar el consumo desde prevención, tratamiento y combate al tráfico. Incluye campañas educativas, unidades de salud para atender adicciones y programas de reinserción social.
Por su parte, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia implementa el programa Ñemity, que atiende a niños y adolescentes en situación de calle, muchos con problemas de consumo, pero con cobertura mínima: apenas unas 30 personas al año frente a la magnitud del problema.
Las cifras son contundentes: unos 90.000 jóvenes paraguayos estarían atrapados en las drogas, y el 80% de los delitos registrados guarda relación con el consumo. Mientras la pobreza, la falta de oportunidades y los hogares rotos sigan marcando la vida de miles, las calles seguirán llenándose de rostros ocultos bajo capuchas.
La historia de Carlos refleja un fenómeno extendido: cada joven en esa situación representa un desafío para la seguridad, la salud pública y la cohesión social. Mientras las drogas sigan siendo la respuesta más inmediata frente a la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, las calles mostrarán la misma postal: cuerpos enclenques moviéndose entre sombras, cometiendo delitos menores hasta que ocurre algo más grave.
La magnitud del problema exige políticas más firmes, sostenidas y con resultados medibles, porque la respuesta del Estado ha sido claramente insuficiente.
