NacionalesSanta Rosa del Aguaray
La investigación por el feminicidio de Antonia Salinas Espinoza, ocurrido el jueves 4 de septiembre en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, dio un giro con la detención de Abel Fernández Vargas, señalado como colaborador de Derlis Adilson Dávalos Arteta, principal sospechoso y prófugo de la justicia.
Efectivos policiales y el fiscal José Alberto Godoy realizaron múltiples allanamientos en el distrito de Lima, donde Fernández fue aprehendido. Según la Fiscalía, habría mantenido comunicación con Dávalos para alertarlo sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad y facilitar su fuga. En el procedimiento se incautó un celular que será sometido a peritaje, considerado clave para ubicar al presunto feminicida.
El operativo de búsqueda incluye allanamientos en viviendas de familiares de Dávalos, así como controles de vehículos y personas en la zona. Se presume que el sospechoso continúa refugiado en el área con ayuda de su entorno cercano.
Mientras tanto, la indignación social crece. La comunidad de Santa Rosa del Aguaray convocó a una movilización este lunes para exigir justicia y reclamar la captura inmediata del fugitivo.
Antecedentes de violencia y audios reveladores
Dávalos, de 31 años, ya contaba con múltiples antecedentes por violencia familiar, lesiones, coacción y hasta homicidio. Pese a ello, había sido beneficiado con medidas alternativas que le permitieron conservar la libertad.
El jueves en la noche, durante el partido entre Paraguay y Ecuador, atacó a su pareja de 27 años con varias puñaladas en la vivienda compartida del barrio Villa del Maestro. La mujer murió en el lugar, dejando huérfana a su hija de nueve años.
Tras el crimen, Dávalos envió audios y una foto a sus allegados, donde intentó justificar el hecho como consecuencia de una "discusión". "No voy a aguantar ni dos días sin ella. Terrible fue lo que me pasó", decía en uno de los mensajes entregados a los investigadores.
La Fiscalía reveló además que apenas once días antes del feminicidio, el sospechoso había sido detenido por una agresión contra la misma víctima. Sin embargo, el fiscal Juan Daniel Benítez dispuso su liberación al día siguiente. El funcionario, que también intervino en el levantamiento del cuerpo, no volvió a ser localizado en la zona.
El caso expone con crudeza las falencias del sistema judicial y la falta de protección efectiva hacia las víctimas de violencia de género, en un hecho que mantiene en vilo a la comunidad y enciende la exigencia ciudadana de justicia.
