NacionalesViolación de intimidad
Un abogado de 38 años enfrentará juicio oral y público por presuntamente haber desarrollado un esquema de vigilancia clandestina contra su exesposa, una agente fiscal de Asunción, mediante la colocación de GPS, cámaras ocultas y accesos ilegales a sus dispositivos personales.
La decisión fue adoptada por el juez penal de Garantías Yoan Paul López, quien resolvió elevar la causa a juicio tras considerar que existen suficientes elementos para sostener la acusación presentada por el Ministerio Público. La identidad de la víctima permanece bajo reserva para evitar su revictimización.
Según la fiscala Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, el procesado habría colocado un dispositivo de rastreo y escucha dentro del vehículo de la mujer el 25 de agosto de 2023, mientras ella cumplía funciones en la sede del Ministerio Público, ubicada en el microcentro capitalino.
La investigación señala que el acusado utilizó una copia de la llave del automóvil sin autorización para acceder al rodado e instalar el equipo.
Los investigadores sostienen además que el hombre ingresó ilegalmente al teléfono celular y al correo electrónico de su expareja, desde donde obtuvo conversaciones privadas, fotografías, videos, información bancaria y datos de redes sociales. Durante las pericias también se detectaron respaldos digitales y capturas de pantalla del contenido personal de la fiscala.
Uno de los aspectos más graves del expediente es la supuesta instalación de cámaras ocultas dentro de la habitación de la vivienda que compartieron durante 12 años. De acuerdo con la acusación, las grabaciones fueron realizadas sin consentimiento y permitieron registrar situaciones íntimas de carácter estrictamente privado.
Las evidencias fueron recolectadas durante un allanamiento efectuado en septiembre de 2023 en la oficina del abogado, situada en el centro de Asunción. Tras el análisis forense de los equipos electrónicos incautados, el Ministerio Público informó además el hallazgo de fotografías y videos de contenido sexual que involucrarían a una adolescente.
Por ese motivo, el acusado también afronta cargos por pornografía relativa a niños y adolescentes, además de violación de la intimidad y acceso indebido a sistemas informáticos.
Durante la audiencia preliminar, la defensa solicitó una suspensión condicional del procedimiento, ofreciendo como medidas la realización de una evaluación psicológica y la prohibición de acercamiento o contacto con la víctima. Sin embargo, el pedido fue rechazado y el magistrado ordenó que el caso avance a juicio oral y público.
