El juez de Garantías Humberto Otazú dispuso este viernes la apertura de juicio oral y público para el fiscal suspendido Rubén Riveros, procesado por los supuestos hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Riveros habría articulado, a través de un abogado, el pedido de G. 120 millones a cambio de beneficiar a un hombre imputado por presunto abuso sexual en niños, quien en ese momento se encontraba con prisión preventiva.
La decisión fue adoptada tras la audiencia preliminar, en la que el magistrado consideró que existen elementos suficientes para que un Tribunal de Sentencia analice las pruebas ofrecidas por las partes durante el juicio oral.
El fiscal permanece suspendido de sus funciones por resolución de la Corte Suprema de Justicia mientras avanza el proceso penal en su contra.
La investigación sostiene que el supuesto esquema buscaba obtener un beneficio económico mediante la promesa de influir en la situación procesal del imputado, hechos que ahora serán debatidos públicamente en la etapa de juicio.