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La iniciativa contempla que todas las motocicletas nuevas ensambladas y comercializadas en el país incorporen un sistema GPS integrado desde fábrica, cuyo costo sería financiado dentro de las cuotas de compra del vehículo. Según explicó el secretario de Estado, el objetivo es que, en caso de robo, la Policía pueda localizar rápidamente la motocicleta y proceder a su recuperación mediante monitoreo satelital.
El anuncio se dio durante el acto de egreso de nuevos efectivos del Grupo Lince, donde Riera sostuvo que la tecnología permitirá una respuesta más rápida frente a los asaltos y hurtos de motocicletas. Incluso recomendó que las víctimas entreguen el biciclo durante un atraco y luego activen el sistema de rastreo para facilitar el operativo policial.
Sin embargo, el planteamiento comenzó a generar cuestionamientos debido al enfoque que transmite desde la propia conducción de la política de seguridad pública. Para numerosos sectores, llama la atención que el titular del Ministerio del Interior, institución encargada de diseñar y ejecutar estrategias de combate contra el crimen, impulse como principal respuesta un mecanismo pensado para actuar después del robo y no necesariamente para impedir que el delito ocurra.
El debate gira justamente en torno a esa idea: en vez de reforzar controles preventivos, aumentar patrullas, mejorar inteligencia policial o atacar las estructuras criminales dedicadas al robo de motocicletas, el mensaje termina trasladando a los ciudadanos la necesidad de prepararse para el eventual momento en que serán asaltados.
Riera argumentó que actualmente circulan más de dos millones de motocicletas en Paraguay y que anualmente se producen entre 2.500 y 3.500 robos de biciclos. Sostuvo que el sistema permitiría disminuir el impacto para las víctimas y mejorar la capacidad de reacción policial.
El ministro también adelantó que buscan incorporar la autorización del GPS dentro de los contratos de compra de las motocicletas nuevas, mediante conversaciones con empresas del sector nucleadas en la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores. La intención oficial es que las unidades nuevas ya salgan al mercado con el dispositivo incorporado y posteriormente avanzar hacia la regularización de motocicletas que ya se encuentran circulando.
Otro de los anuncios realizados por Riera tiene relación con la validación de documentos para la compra de motocicletas. Según indicó, la Policía Nacional trabajará junto con las empresas vendedoras para verificar identidades y evitar adquisiciones mediante documentos falsificados.
El planteamiento aparece en un contexto donde la inseguridad vinculada a motocicletas continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente por la utilización de biciclos en asaltos, robos callejeros y hechos de violencia urbana. Sin embargo, la propuesta del GPS obligatorio terminó instalando otro debate aún más profundo: si el Estado está renunciando a evitar el delito y concentrándose únicamente en recuperar lo robado después de que el crimen ya ocurrió.
