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¿Qué tienen en común el proyecto de ley que plantea el MITUC (Ministerio de Turismo y Cultura), a partir de la fusión de la Secretaría Nacional de Cultura y la Senatur, y aquel que propone crear el Ministerio de la Familia, mediante la fusión el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de la Mujer y la Secretaría Nacional de la Juventud?
El primero fue presentado por los senadores Arnaldo Samaniego (ANR) y Ever Villalba (PLRA), mientras que el segundo por los senadores Gustavo Leite, Antonio Barrios y Lizarella Valente (todos de la ANR).
El achicamiento del Estado
Ambos proyectos esgrimen como principal argumento el "achicamiento del Estado", sin plantear ningún análisis sobre la eficiencia y eficacia que dicen buscar, ni aportar evidencias que fundamenten la supuesta "solución ofrecida".
Achicar el Estado - fusionando lo que parece que se puede fusionar - sin un análisis integral, ¿es el camino para lograr eficiencia y eficacia, calidad de la gestión pública y efectividad en los resultados de desarrollo? ¿Queremos achicar o reformar el Estado?
¿Qué criterios utilizaron los legisladores para seleccionar estas instituciones y no otras? ¿Hay un análisis integral del Estado o, al menos, de los campos de los cuales son tributarios tales temas?
Descoordinación entre el Poder Ejecutivo y el cartismo
El otro factor común es la descoordinación o divisiones al interior del oficialismo. Ninguno de los dos proyectos fue acordado con el Poder Ejecutivo.
En una entrevista radial reciente, el ministro de Niñez y Adolescencia expresó que no hay ninguna directriz en Presidencia, que las prioridades ahora son otras, y que "este no es el momento" para un cambio de esta envergadura.
La descoordinación no es solo programática, es fundamentalmente política. Las grietas al interior del cartismo, particularmente entre el movimiento y el presidente, parecen estar acentuándose.
Si bien ambos proyectos de ley gozan de pesos diferentes (el primero fue promovido por un ala no cartista, mientras que el segundo proviene del centro del cartismo), la mayoría oficialista y, en ese marco, la supremacía cartista, aporta elementos objetivos para percibir una amenaza real.
Preguntas sobre los desafíos culturales
¿Por qué Samaniego y Villalba proponen subordinar una dimensión transversal como la cultura, a un subsector de la economía, como el turismo? ¿Cómo la perspectiva de la economía turística podrá responder a los desafíos culturales tan complejos como las dinámicas identitarias que, con la globalización y la virtualización de la vida, adquirieron una complejidad que pusieron en cuestión los paradigmas hasta hace poco vigentes? ¿Se podrá responder, desde esa mirada, a las fricciones interétnicas y otros conflictos culturales? ¿Cómo ese nuevo ministerio podría responder a las diferentes facetas de la cohesión social o de la creación artística que trascienden totalmente a la economía en general y la turística en particular? ¿Puede un Estado proyectarse política y simbólicamente ante la sociedad diversa de la cual es expresión, o ante el mundo, desde una perspectiva tan específica como la turística? ¿En verdad los legisladores consideran que este es el camino? Si parafraseáramos al presidente Peña, ¿cómo proyectar "el resurgir de un gigante" solo desde la lógica turística?
Lo que encubre la familia
El mismo Gustavo Leite aclaró que la propuesta del Ministerio de la Familia fue una promesa de gobierno. De hecho, esta propuesta acecha la esfera pública desde hace rato, incrementando su intensidad en el último periodo electoral y, en particular, con este Congreso Nacional.
El Partido Colorado hizo de la frase "Dios, patria y familia" su slogan principal. Es el posicionamiento conocido de la ultraderecha que se expande en el mundo, con respecto a conquistas históricas como la igualdad de género y el desplazamiento del paradigma tutelar por el de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Aquí, la familia - tal como es concebida por el cartismo - es un instrumento ideológico que busca negar la diversidad sociocultural, en particular la diversidad sexual, y restaurar un paradigma biológico y religioso de la vida.
Abundan los estudios académicos y las evaluaciones de políticas públicas que sostienen la necesidad de fortalecer las instituciones vinculadas con los derechos de las mujeres y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dotándolas de mayor robustez política y asignación de recursos.
Días pasados, Lilian Soto y Carme Echauri publicaron en este mismo medio un pedagógico artículo presentando "cinco razones para no desaparecer ni degradar al Ministerio de la Mujer".
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¿Cuáles son las evidencias que presentan los promotores del ministerio de la familia, sobre su mayor efectividad para combatir el aumento de los feminicidios y la prevalencia del machismo? ¿O para erradicar las diferentes formas de maltrato y abuso que están sufriendo la población de niños, niñas y adolescentes? ¿O para afrontar la violencia política hacia las mujeres, las desigualdades de ingreso o la naturalizada división de tareas de cuidado al interior de los hogares?
La paradoja no puede ser mayor, si de eficiencia y eficacia se trata. Ambas propuestas desvían los escasos recursos y el poco tiempo de autoridades, técnicos y organizaciones civiles para defender instituciones que debieran ser fortalecidas.
El cuadrilátero político
Si en verdad se plantea eficiencia y eficacia de las instituciones del Estado, habría que informar a los legisladores citados, que este no es el camino. Ambos proyectos legislativos son propuestas reaccionarias que contradicen los criterios que orientan el debate contemporáneo sobre reforma del Estado, el desarrollo sostenible, la expansión de los derechos, el bienestar de la población y la dinamización pluralista de la democracia.
Ni la cultura se subsume a la economía, aunque guarde relaciones importantes con ella, ni la igualdad de género, y mucho menos los derechos de niños y niñas pueden promoverse desde un modelo homogéneo y autoritario de familia.
Las dos propuestas presentadas tienen con común su inscripción en un modelo de sociedad delimitado por cuatro ejes: Dios, patria, familia y mercado. Un cuadrilátero excluyente que busca amoldar el Estado para encerrarlo dentro de sus polígonos.
