NacionalesCrítico informe
Paraguay enfrenta una crisis silenciosa que se traduce en cifras alarmantes: más de 28.900 accidentes se registraron durante el primer semestre del año. Esta cifra no es solo una estadística de tránsito; es un espejo de las deficiencias estructurales y la presión social que recae sobre un sector clave de la economía: los motociclistas. La gravedad de la situación obliga a las autoridades y a la ciudadanía a un análisis urgente sobre quiénes son las víctimas más vulnerables.
De acuerdo a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), cerca del 90% de los conductores de motocicletas utilizan su vehículo como herramienta principal de trabajo. Este porcentaje altísimo convierte a la motocicleta de un medio de transporte a un pilar de subsistencia, especialmente para deliverys, mensajeros y pequeños emprendedores. El riesgo vial se transforma, inevitablemente, en un riesgo laboral y económico.
Precariedad y pésima infraestructura
La ecuación peligrosa es, por un lado, la precariedad de la infraestructura vial en zonas urbanas y rutas; por otro, la presión por los tiempos de entrega que obliga a los trabajadores a tomar riesgos innecesarios. A esto se suma el incumplimiento de normas básicas, como la falta de uso de casco certificado o el exceso de velocidad. El motociclista, carente de la protección de una carrocería, es la figura más expuesta a lesiones graves o fatales.
Al día, 80 accidentes de tránsito
De los 28.900 accidentes en el primer semestre, 13.588 siniestros dejaron heridos o fallecidos, un incremento del 11,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que indica que la frecuencia de accidentes graves se está acelerando. Llevando estas cifras al día a día, en promedio, Paraguay registra diariamente 80 accidentes de tránsito, que dejan un saldo de 29 personas heridas y 3 personas fallecidas al momento del siniestro.
El impacto anual de los accidentes de tránsito se ha estimado en torno al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo. Este porcentaje se origina por la suma de costos médicos de emergencia, las pérdidas de productividad a largo plazo de los lesionados y los daños materiales.
Reducir la siniestralidad requiere un pacto colectivo: que el Estado garantice condiciones de seguridad vial dignas para un vehículo que es esencial en la economía, invirtiendo en infraestructura y revisando las políticas de control. Es imperativo que las medidas consideren la realidad socioeconómica de estos conductores, promoviendo seguros y formalización laboral. Solo así, protegiendo la vida y el sustento del 90% que se juega el día a día sobre dos ruedas, se podrá liberar el 3% del PIB para el verdadero desarrollo.
