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El documento fue firmado en Washington por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y ahora deberá ser analizado por el Congreso, que tendrá la última palabra sobre su aprobación o rechazo.
El acuerdo establece un marco jurídico general para el trabajo conjunto entre ambos países y se enmarca en lo que se conoce como Estatuto de las Fuerzas, un instrumento que regula los derechos, obligaciones y responsabilidades del personal militar cuando actúa fuera de su jurisdicción nacional. Según se informó oficialmente, el entendimiento permitirá profundizar la cooperación en áreas como entrenamiento de efectivos, intercambio de información estratégica, asistencia humanitaria y respuesta coordinada ante amenazas vinculadas al crimen organizado.
Desde la Cancillería se destacó que el acuerdo forma parte de una política más amplia de fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que tiene como objetivo central la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. En esa línea, se subrayó que el trabajo conjunto busca hacer frente a fenómenos como el narcotráfico, el tráfico de personas, la corrupción y otras expresiones del crimen transnacional que afectan la gobernabilidad y la seguridad de los países de la región.
Durante el acto de firma, Marco Rubio calificó el acuerdo como de "alta relevancia estratégica" y advirtió que el crimen organizado representa hoy una de las principales amenazas para los Estados Unidos y sus aliados. Señaló que en varios países de la región estas estructuras criminales han alcanzado niveles de poder que ponen en jaque la capacidad de los Estados para gobernar y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En ese contexto, sostuvo que la cooperación con Paraguay es clave para contener ese avance.
El secretario de Estado remarcó además que el acuerdo respeta plenamente la soberanía nacional y aclaró que no implica una cesión de control, sino una coordinación basada en intereses comunes. Indicó que el trabajo conjunto incluirá capacitación para militares paraguayos, mecanismos de intercambio de información y colaboración en situaciones humanitarias, además de abrir oportunidades para una relación económica más estrecha entre ambos países.
Rubio también destacó el rol estratégico de Paraguay en la región y afirmó que existe un interés concreto en potenciar sus capacidades económicas y productivas. Señaló que una cooperación más profunda puede traducirse en más inversiones, generación de empleo y mejores condiciones para el desarrollo, reforzando a Paraguay como un socio clave de Estados Unidos en Sudamérica.
Por su parte, el canciller Rubén Ramírez Lezcano sostuvo que el acuerdo refleja el compromiso del presidente Santiago Peña de profundizar la relación bilateral y avanzar en objetivos compartidos. Enfatizó que la lucha contra el crimen transnacional organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas y la corrupción no solo es una cuestión de seguridad, sino también de defensa de la libertad y los derechos de la ciudadanía.
El jefe de la diplomacia paraguaya advirtió que lo que está en juego no es únicamente la seguridad física, sino la posibilidad misma de que las personas vivan en libertad, sin que sus comunidades sean capturadas por estructuras criminales. En ese sentido, consideró que el acuerdo representa un paso significativo para fortalecer las capacidades del Estado y enfrentar amenazas que ya no reconocen fronteras.
Estados Unidos cuenta con instrumentos similares firmados con numerosos países en distintas regiones del mundo, que sirven como base legal para la cooperación militar y de seguridad en contextos específicos. En el caso paraguayo, el debate ahora se trasladará al Congreso, donde el acuerdo deberá ser examinado en detalle en un contexto marcado por la creciente preocupación pública por el avance del crimen organizado y sus vínculos transnacionales.
