NacionalesPropuesta
La propuesta apunta a permitir incorporaciones inmediatas de médicos, especialistas, licenciados en enfermería y técnicos sanitarios tanto en dependencias del Ministerio de Salud Pública como del Instituto de Previsión Social (IPS), dejando fuera de este mecanismo a los funcionarios administrativos.
La iniciativa surge en medio de las constantes quejas por falta de personal en hospitales y centros asistenciales, especialmente en zonas del interior y servicios considerados críticos.
El proyecto plantea que cuando un puesto quede vacante por renuncia, jubilación, traslado, fallecimiento u otra causa que afecte directamente la atención médica, las instituciones puedan contratar profesionales mediante un sistema excepcional y más ágil.
Según el documento, la selección se realizaría tomando en cuenta criterios como experiencia profesional, disponibilidad inmediata, evaluación de méritos y verificación de títulos habilitantes.
Los legisladores sostienen que el sistema actual de concursos públicos no responde con la rapidez necesaria cuando se producen vacancias en áreas sensibles del sistema sanitario, generando interrupciones en servicios médicos esenciales y afectando directamente a los pacientes.
La propuesta establece que los contratos podrán extenderse hasta por 12 meses y tendrán carácter renovable mientras el cargo no sea ocupado de manera definitiva mediante el procedimiento ordinario de concurso.
Además, el proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Profesionales de Salud disponibles para cubrir vacancias urgentes. Ese registro estaría bajo administración del Ministerio de Salud en coordinación con el IPS.
Los impulsores del proyecto argumentan que numerosos establecimientos sanitarios atraviesan dificultades para reemplazar rápidamente a profesionales que abandonan sus funciones, lo que termina debilitando la capacidad de respuesta del sistema público.
También aclaran que el régimen excepcional no pretende sustituir el mecanismo tradicional de concursos, sino actuar como una herramienta transitoria para evitar que hospitales y centros de salud queden desprotegidos por largos periodos.
La iniciativa fue presentada por legisladores colorados de distintos departamentos y suma firmas de parlamentarios oficialistas de varias bancadas regionales.
En caso de ser aprobada, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para reglamentar la aplicación de la normativa y establecer los procedimientos específicos para su implementación.
