El agente fiscal Joel Cazal, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles Contra la Libertad de las Personas, Antisecuestro y Antiterrorismo, encabezó un allanamiento en una vivienda con relación a una causa sobre Extorsión. El procedimiento se realizó conjuntamente con la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional.
El relato de los hechos indica que, una comitiva fiscal y policial, encabezada por el agente fiscal Cazal y personal del Departamento Antisecuestro de Personas, en cumplimiento del mandamiento de allanamiento, firmado por el Juez Penal de Garantía Abg. Gustavo Amarilla, procedieron al allanamiento y una vez en el lugar la comitiva fue recibida por Angelina Irala Garcete, a quién se le exhibió el mandamiento en mención.
En el sitio se encontraba Fidencio Chávez León. Una vez ingresados al lugar procedieron a la inspección ocular, incautándose las siguientes evidencias: cuatro aparatos celulares, dos de la marca Nokia y dos de la marca Samsung. El fiscal interviniente, dispuso la detención de Fidencio Chávez León, quien en el momento de la detención se le puso en conocimiento de sus derechos constitucionales, y el mismo fue trasladado hasta la comisaría de la ciudad de Curuguaty, en libre comunicación. Los objetos incautados quedarán a disposición de la unidad fiscal, para su resguardo.
Antecedentes
La investigación inició con la denuncia formulada por la víctima el 25 de setiembre de 2020, ante el Departamento de Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional. El denunciante refirió que es presidente de la Colonia Nueva Durango y representante de la Colonia. El 24 de setiembre de 2020, en horas de la tarde fue avisado por su compañero de nombre Jacob Redecopp Bartsch quien se encontraba en su domicilio, cuando se acercó una motocicleta con dos sujetos con cascos, quienes dejaron en el domicilio una carpeta archivadora de color verde.
En el interior de la carpeta había una nota con membrete y logo “Ejército del Pueblo Paraguayo”, en la que manifestaba que deben cumplir con ciertos requisitos como el impuesto revolucionario, consignando que le dirían el monto a pagar en una llamada telefónica, en caso de que no cumpliese con dicho pedido, realizarían secuestros a los líderes de la comunidad y quemarían maquinarias.
Mencionó el denunciante que por la situación actual del país y por temor a lo que pueda ocurrir, ingresó a su domicilio e inmediatamente comunicó lo sucedido y después de eso el recurrente recibió una llamada telefónica desde el número 0986-622-790 en la que dijeron que era el EPP. Entonces cortó la comunicación, luego le remitieron un mensaje de texto: “Le doy 5 minutos para llamarle o aténgase a la consecuencia”, asimismo le volvió a llamar pero ya no atendió la llamada, y volvieron a enviarle un mensaje diciéndole: Ok.
