NacionalesRevisión expone uso excesivo de prisión preventiva
El Ministerio de Justicia detectó que al menos 954 personas privadas de libertad (PPL) alojadas en las penitenciarías de Coronel Oviedo, Misiones y Villarrica reúnen las condiciones legales para que sus medidas de prisión preventiva sean revisadas y, en muchos casos, sustituidas por la libertad.
La conclusión surge de una jornada técnica de revisión de expedientes, impulsada por la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, en coordinación con los Juzgados de Garantías de 16 localidades del país. El objetivo fue identificar casos en los que las personas ya cumplieron con la pena mínima establecida o donde existen órdenes de rebeldía que pueden ser levantadas, según explicó Gustavo Ferriol Rojas, titular de la Unidad.
Como resultado, ya fueron presentados 79 planteamientos técnicos ante los juzgados de Villa Hayes, Asunción, Luque, Lambaré, Fernando de la Mora, Limpio, San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Carapeguá, Paraguarí, Caazapá, Villarrica, Yuty, Caaguazú y Misiones, en busca de resoluciones favorables que garanticen el cumplimiento de la legalidad.
De momento, la gestión permitió 11 libertades por cumplimiento de pena mínima, el levantamiento de cuatro rebeldías y la fijación de seis audiencias. El resto de los expedientes continúa en trámite.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, advirtió que apenas el 30 % de la población carcelaria en Paraguay tiene una condena firme, mientras que el 70 % permanece en prisión preventiva, situación que posiciona al país entre los de mayor porcentaje de presos sin condena en la región.
El Ministerio de Justicia reiteró que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, no la regla, tal como lo recordó la Corte Suprema de Justicia en una reciente acordada ante la persistente mora judicial.
La cartera enfatizó que esta política forma parte de un enfoque centrado en la legalidad, la eficiencia judicial y el respeto a los derechos humanos, con el propósito de transformar el sistema penitenciario en un entorno más justo y funcional.
Además del hacinamiento, las autoridades advirtieron que el uso excesivo de la prisión preventiva favorece la consolidación de clanes criminales intramuros, que actúan desde las cárceles para coordinar hechos delictivos tanto dentro como fuera de los penales.
