El abogado Rubén Lial sostuvo que su defendido, el joven Elvin Gonzalo Amarilla Brítez, de 18 años, y otro implicado habrían sido sometidos a apremios físicos mientras permanecían detenidos en dependencias policiales. Según el profesional, ambos aguardaban su traslado a la penitenciaría cuando ocurrieron los supuestos hechos.
De acuerdo con la denuncia, los episodios se habrían registrado entre el Miércoles Santo y los días posteriores, periodo en el cual los jóvenes fueron llevados a un sector con otros reclusos. Allí habrían recibido una golpiza, situación que, según la defensa y familiares, habría sido intencional con el objetivo de obtener información sobre el esquema investigado.
Los detenidos forman parte de un grupo investigado por una presunta ciberestafa que habría causado un perjuicio cercano a los G. 9.000 millones a una multinacional. En el operativo también se incautaron equipos informáticos, vehículos y criptoactivos, mientras la causa suma alrededor de diez personas detenidas.
El abogado indicó que la familia tardó en formalizar la denuncia por temor a represalias, pero finalmente el caso fue presentado ante la Fiscalía de Derechos Humanos. La investigación por las supuestas torturas avanza en paralelo al proceso principal por estafa informática y asociación criminal.
Se aguarda el resultado de los exámenes médicos practicados a los jóvenes para determinar el alcance de las lesiones y su eventual incorporación al expediente. Mientras tanto, las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en torno a las denuncias.