NacionalesPreocupación sanitaria en Alto Paraná
La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Presidente Franco intervino tras la denuncia contra unos padres que se negaron a inmunizar a sus tres hijos menores de edad. El caso salió a la luz luego de que profesionales de la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio San Miguel reportaran reiteradas negativas de la familia a acceder a las vacunas contempladas en el esquema regular del Ministerio de Salud.
La titular de la Codeni, Balbina Almada, explicó que antes de formalizar la denuncia se agotaron instancias de diálogo y concienciación con los padres. Según indicó, incluso funcionarios acudieron personalmente hasta la vivienda para explicar la importancia de la inmunización contra enfermedades como el sarampión y otros cuadros respiratorios, pero la respuesta continuó siendo negativa.
Ante esta situación, la institución remitió una intimación extrajudicial otorgando un plazo para que la familia regularice las libretas de vacunación de los menores. Almada recordó que la Ley 4621/15 establece la obligatoriedad de las vacunas infantiles en Paraguay y que tanto la Constitución Nacional como el Código de la Niñez priorizan el derecho a la salud y el interés superior del niño por encima de la voluntad de los padres.
La funcionaria manifestó además su preocupación por el aumento de discursos antivacunas tras la pandemia del Covid-19. Señaló que muchas familias son influenciadas por desinformaciones y teorías conspirativas que ponen en duda vacunas utilizadas desde hace décadas. "Estamos tratando de proteger la vida y la salud de niños indefensos", expresó Almada al defender la actuación institucional.
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, ya había advertido anteriormente que los padres no pueden impedir la vacunación de sus hijos, ya que se trata de un derecho protegido por el Estado. El funcionario recordó que las dosis incluidas en el calendario nacional son vacunas tradicionales y no experimentales, aplicadas desde hace más de 40 años en el país.
Las autoridades señalaron que entre los menores involucrados existen bebés de pocos meses de edad y que ni siquiera se tiene certeza sobre cuáles vacunas recibieron hasta ahora, lo que aumenta la preocupación sanitaria. En caso de incumplimiento del plazo otorgado, el expediente será remitido a la Fiscalía y a la Defensoría Pública, pudiendo incluso solicitarse una orden judicial para la vacunación obligatoria de los niños.
Asimismo, desde la Codeni recordaron que la negativa reiterada a garantizar atención médica esencial podría configurar el delito de violación del deber del cuidado, contemplado en la legislación paraguaya con penas de hasta tres años de prisión o multas. Mientras tanto, el caso reavivó el debate sobre el avance de movimientos antivacunas y el impacto de la desinformación en la salud pública.
