Denuncian a expresidente del IPS por presunto perjuicio de casi G. 400 mil millones
Abogados denunciaron penalmente al expresidente de la previsional, Jorge Brítez, y a exintegrantes del Consejo de Administración por un presunto perjuicio patrimonial que rondaría los G. 391.000 millones durante su gestión al frente de la institución.
La denuncia fue presentada por Juan José Bernis y María Muñoz, quienes sostienen que existieron presuntas irregularidades administrativas y financieras que habrían afectado gravemente los recursos del ente previsional. Según los denunciantes, el esquema involucraría decisiones cuestionadas en contrataciones, manejo de fondos y administración institucional.
El caso surge en un contexto especialmente delicado para el IPS, que atraviesa una profunda crisis marcada por denuncias de falta de medicamentos, problemas de infraestructura hospitalaria, déficit financiero y cuestionamientos a millonarias licitaciones. En las últimas semanas salieron a la luz nuevos casos vinculados a gastos considerados irregulares y contratos bajo sospecha dentro de la previsional.
Incluso el propio presidente de la República, Santiago Peña, reconoció recientemente que el IPS arrastra un descalce financiero mensual cercano a USD 20 millones y reclamó una administración más eficiente y transparente de los recursos.
La denuncia contra Brítez también vuelve a poner bajo la lupa el crecimiento patrimonial del ex titular del IPS. Días atrás se conoció que su patrimonio declarado ante la Contraloría General de la República aumentó a más de G. 32.564 millones al cierre de su gestión, incluyendo al menos 19 propiedades registradas.
Mientras tanto, el deterioro operativo de la previsional sigue impactando directamente sobre los asegurados. Pacientes denunciaron falta de medicamentos oncológicos, retrasos en tratamientos y carencias estructurales en hospitales, mientras las nuevas autoridades hablan de deudas históricas, equipos obsoletos y contratos heredados bajo observación.
Ahora, el Ministerio Público es el encargado de analizar las acusaciones y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación penal formal sobre el manejo de fondos durante la administración anterior.