NacionalesLicitación bajo sospecha
El Consorcio Yvaga, integrado por TR Construcciones SA y Aponte Latorre SA, denunció irregularidades en la licitación para el diseño, construcción y mantenimiento del Gran Hospital General de Asunción, un proyecto clave para el sistema de salud pública que se instalará en la Costanera Sur.
Según los oferentes, la descalificación de su propuesta —valuada en G. 386.900 millones, unos USD 11 millones menos que la del adjudicado— se basó en criterios introducidos de manera irregular mediante la Consulta Nº 33 en el portal del Sistema de Contrataciones Públicas. La exigencia de acreditar experiencia hospitalaria en un único contrato, sostienen, no figuraba en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y debió formalizarse mediante una adenda.
El contrato finalmente fue otorgado al Consorcio GHA (Constructora Isacio Vallejos SA, Benito Roggio e Hijos SA y MM SA) por G. 468.000 millones, pese a que el monto referencial de la obra era de G. 368.778 millones. Para Yvaga, esto implica un sobrecosto de más de G. 80.000 millones (USD 11 millones) respecto a su propuesta.
El ingeniero Carlos Latorre, representante del consorcio, acusó al comité evaluador de "mentir en su informe" y de haber introducido requisitos ajenos al pliego. "Cuando alguien comete un error demasiado obvio, hay dos opciones: o es incapaz o malintencionado. Esto va contra la seguridad jurídica y deja un precedente nefasto", afirmó.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió el proceso el pasado 8 de agosto, mediante la Resolución Nº 2328/25, y abrió una investigación para determinar si existió manipulación en la adjudicación. El caso también fue comunicado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, debido a la magnitud de los recursos comprometidos.
Los denunciantes advierten que, de mantenerse la adjudicación, el Estado asumiría un costo por metro cuadrado de USD 1.660, es decir, 87% más caro que el Gran Hospital del Sur (2019), que con dimensiones similares se construyó por USD 887/m².
"Estamos hablando de un sobrecosto millonario que podría haberse evitado. Esta adjudicación es jurídicamente cuestionable y financieramente irresponsable", enfatizó Latorre.
Mientras tanto, el proyecto —que prevé una infraestructura de 38.000 m²— permanece bajo escrutinio, a la espera del dictamen final de la DNCP.
