NacionalesA casi un año de la acusación
El abogado Adriano Enríquez, representante de la Asociación del Espíritu Santo, afirmó que existe una "sospecha muy fuerte" de que la falta de tratamiento de la denuncia contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete obedece a una estrategia para que los magistrados lleguen a la jubilación sin recibir sanciones.
La acusación, presentada el 18 de noviembre de 2024, aún no fue abordada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a pesar de que Enríquez presentó el pasado lunes su tercer pedido de urgencia para que se estudie el caso.
Los camaristas están acusados de mal desempeño, luego de que, en mayoría, anularan la resolución del juez penal de garantías John Paul López, que había elevado a juicio oral la causa contra la exjueza Tania Irún. La Fiscalía la imputa por la supuesta entrega irregular de 310.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza a empresas offshore.
Enríquez señaló que Sánchez ya se jubiló y que Lovera estaría próximo a hacerlo, y cuestionó la demora del JEM en tratar el caso: "Pareciera que los miembros del Jurado de Enjuiciamiento dan tiempo, porque es imposible de salvarse, porque la macanada que ellos hicieron ellos mismos retiraron nuevamente", declaró.
El abogado también recordó que, desde el 13 de abril, cuando la causa contra Irún volvió a juicio oral, se han registrado recusaciones e inhibiciones de distintos camaristas, incluyendo a Jesús Riera Manzoni, quien mantiene en estudio un expediente de apelación desde julio.
Enríquez subrayó la relevancia social del caso, ya que las tierras en cuestión estaban destinadas a los pobladores de Puerto Casado, pero aún permanecen sin regularización a causa de los litigios judiciales.
