El especialista en criminología Juan Martens lanzó duras críticas contra el sistema de formación acelerada implementado en la Policía Nacional y sostuvo que la incorporación masiva de efectivos sin preparación suficiente generó un deterioro en la estructura institucional.
Durante una entrevista radial, el analista señaló que el principal fracaso del denominado modelo de "Policía Express" fue la incapacidad de transmitir valores, disciplina y cultura organizacional a los nuevos agentes. Según explicó, anteriormente la formación contemplaba cuatro años para oficiales y dos para suboficiales, tiempo que permitía "internalizar el espíritu policial".
Martens aseguró que miles de uniformados ingresaron sin adaptarse al trabajo ni a las normas básicas de conducta. "Hay personas que ya eran consumidoras y continúan siéndolo con uniforme y arma. Incluso algunos que antes vendían drogas hoy siguen haciéndolo dentro de la institución", expresó.
El criminólogo advirtió que la situación afecta directamente a la operatividad policial y al cumplimiento de órdenes. Indicó que muchos efectivos presentan problemas de puntualidad, insubordinación y falta de preparación para intervenir en procedimientos sensibles.
En ese contexto, mencionó recientes episodios que evidencian falencias en el comportamiento de los agentes. "Ni siquiera pueden custodiar correctamente el cuerpo de una mujer fallecida en una ruta", lamentó.
Martens comparó además el problema con las deficiencias educativas detectadas en universidades, donde —según afirmó— llegan estudiantes con dificultades de lectura y comprensión de textos.
Otro de los puntos cuestionados fue el funcionamiento de los cursillos de ingreso a la academia policial. El experto denunció que alrededor de estos procesos se instaló una estructura económica que mueve grandes sumas de dinero.
De acuerdo con sus estimaciones, unas 16.000 personas se presentaron este año para intentar ingresar a la fuerza. Los aspirantes pagan cuotas mensuales para cursillos privados y montos elevados por internados, lo que representaría gastos cercanos a G. 10 millones por postulante.
"El cursillo se convirtió en un COPÉ", afirmó Martens, al referirse a un sistema de recaudación manejado por sectores internos de la institución.
Finalmente, pidió al Ministerio del Interior revisar el modelo de reclutamiento y replantear la formación policial para evitar un mayor deterioro en materia de seguridad pública.