Conductores de plataformas exigen participar en regulación del sector
La Asociación de Motociclistas de Plataformas (Amopla) manifestó su rechazo al proyecto de ley que pretende regular los servicios de movilidad y reparto mediante aplicaciones, al considerar que la propuesta fue elaborada sin la participación de los conductores, pese a que serán uno de los principales sectores afectados por la futura normativa.
El presidente del gremio, Carlos Álvarez, afirmó en una entrevista con Unicanal que los representantes de los motociclistas nunca fueron convocados a las mesas de trabajo y solicitó al Congreso suspender el tratamiento del proyecto hasta que puedan presentar sus observaciones.
La iniciativa legislativa propone crear un marco regulatorio para las plataformas digitales mediante registros oficiales, mecanismos de verificación de identidad, botones de emergencia, controles estatales y mayores medidas de seguridad para usuarios y prestadores del servicio. El texto es analizado por el Congreso y ya cuenta con informes técnicos de distintas instituciones públicas.
No obstante, Álvarez sostuvo que la propuesta concentra las obligaciones sobre conductores y pasajeros, mientras que las empresas de plataformas quedarían con escasa responsabilidad jurídica dentro del país. En ese sentido, pidió que la normativa contemple a todos los actores involucrados y que las compañías también asuman compromisos en materia de seguridad, protección laboral y funcionamiento del servicio.
El dirigente insistió en que el sector no se opone a una regulación, sino que reclama una legislación integral construida con la participación de quienes trabajan diariamente en las plataformas. Según explicó, la asociación busca aportar modificaciones que fortalezcan la protección tanto de los usuarios como de los conductores.
El debate sobre la regulación de las plataformas digitales se desarrolla en medio de otros reclamos del sector, que en los últimos meses también exigió una revisión de las tarifas, mejores condiciones laborales y mayores garantías de seguridad ante el aumento de hechos delictivos que afectan a quienes prestan servicios de transporte y reparto mediante aplicaciones.