El concejal asunceno por el Partido Patria Querida, Pablo Callizo, fue acusado de condicionar la aprobación de un proyecto inmobiliario a una donación de veredas inclusivas por parte de una empresa privada.
Según lo reportado por el medio radial Ñandutí, Callizo habría solicitado que la firma —dedicada al rubro de bienes raíces— financie la construcción de 1.000 metros lineales de veredas en el microcentro de Asunción como parte de una supuesta "compensación urbana". Esto, a pesar de que la obra que la empresa busca ejecutar —un edificio en la avenida Santísima Trinidad— ya contaba con dictamen técnico favorable del Plan Regulador de la Municipalidad.
En lugar de tratar el expediente en la última sesión ordinaria de la Junta Municipal, el concejal solicitó su retorno a la Comisión de Planificación, invocando la necesidad de analizar el pedido de contribución urbanística.
Para sectores críticos, esta movida representa una forma encubierta de "pecheo institucional", es decir, la presión a actores privados para asumir obras públicas que deberían financiarse con recursos municipales, provenientes de los impuestos de la ciudadanía.
No es la primera vez que Callizo se ve envuelto en controversias de este tipo. Fue uno de los principales impulsores de las bicisendas del microcentro, ampliamente criticadas por comerciantes y usuarios por su deficiente diseño, así como un abierto detractor de la construcción del Puente Héroes del Chaco.