Choferes ratifican huelga de 48 horas en rechazo a la reforma del transporte
Los sindicatos de choferes del transporte público de pasajeros confirmaron este martes que llevarán a cabo una huelga de 48 horas los próximos 25 y 26 de septiembre, en protesta por el incumplimiento de acuerdos previos y la exclusión de sus propuestas en el proyecto de reforma del sistema.
La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) notificaron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sobre la medida de fuerza, según informó el presidente de Fetrat, Gerardo Giménez. La decisión fue tomada en un Congreso Unitario de Trabajadores realizado en la Central Nacional de Trabajadores (CNT).
"Los tres puntos principales —la mesa de trabajo, el derecho a huelga y la reabsorción laboral en caso de nuevas concesiones— no fueron cumplidos. Por eso decidimos realizar esta huelga de dos días", expresó Giménez.
Reclamos sindicales
Los gremios cuestionan que la reforma del transporte público, que ya cuenta con media sanción en el Senado, avanza sin la participación de los trabajadores del sector. Advierten que la fragmentación del servicio entre operadoras, talleres y proveedores de buses podría diluir la relación laboral de los choferes, generando incertidumbre sobre sus derechos y estabilidad.
Asimismo, critican la propuesta de declarar al transporte como "servicio imprescindible", lo que limitaría el derecho a huelga y contravendría convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Denuncian además la falta de una cláusula clara que garantice la absorción de trabajadores, lo que pondría en riesgo la antigüedad y los aportes al IPS.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que el Ejecutivo aún no recibió la notificación oficial de la huelga y recordó que la medida afectaría a los trabajadores y a la ciudadanía.
Fernández explicó que ya existe un plan de contingencia coordinado con diez instituciones del Estado para garantizar el servicio en caso de paro, con la provisión de buses alternativos. "No queremos usarlo, pero está afinado para el caso en que la medida se lleve a cabo", señaló.
Sobre los reclamos, defendió que el proyecto de reforma no elimina derechos laborales establecidos en el Código Laboral y que incluye una cláusula que obliga a las nuevas operadoras a incorporar a choferes con al menos dos años de antigüedad, asegurando continuidad salarial y aportes al IPS.
"El proyecto incluso refuerza la figura de traspaso de trabajadores entre empresas, pero también prevé una evaluación de idoneidad de los conductores, que será reglamentada y supervisada por el Viceministerio", aclaró.
Finalmente, Fernández insistió en que la reforma busca mejorar la calidad del servicio y que los sindicatos aún pueden plantear modificaciones durante el análisis del plan en la Cámara de Diputados. "La oportunidad de diálogo sigue abierta, no creemos que la huelga sea la solución", concluyó.