La fiscala Natalia Silva sostuvo, en comunicación con Radio Ñanduti, que la semana pasada recibió la notificación de la resolución por la que fue elevado a juicio oral y público el caso del capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rubén Valdez, quien se encuentra acusado por presuntos hechos de lesión del derecho a la comunicación y coacción. Sostuvo que recién el año próximo se fijaría la fecha para que se lleve a cabo el juicio, luego de la firma de resolución.
“Esa es la etapa en la que nos encontramos. Se transmitió la acusación presentada por el Ministerio Público, así como también todas las pruebas que se colectaron durante la etapa investigativa. Ahora vamos a esperar que la resolución quede firme y puedan remitirse los actos y el expediente al tribunal para que se pueda fijar fecha para juicio oral”, relató.
“El año que viene estaría fijándose la fecha una vez que se quede firme la resolución por la cual se eleva la causa a juicio”, reiteró.
Al ser consultada sobre si la Fiscalía puede emitir algún tipo de medida para que ya no acuda al cuartel del Cuerpo de Bomberos, sostuvo que actualmente tiene medidas alternativas a la prisión, puesto que el hecho que se le atribuye es un delito. Pero sostuvo que es el Cuerpo de Bomberos el que debería considerar un sumario y establecer ese tipo de restricciones para el acusado.
“Por nuestra parte, la Fiscalía y el juzgado decretaron las medidas alternativas de esta persona. Lo que tenga que ver con la concurrencia de esta persona a ese lugar, que se encuentre ejerciendo o aún en funciones, compete al Cuerpo de Bomberos Voluntarios”, explicó.
Este caso se inició luego de que una mujer denunciara a Valdez por extorsión. Según el escrito presentado, Valdez fue pareja de una joven a quien supuestamente tomaba fotografías desnuda y grababa los actos sexuales sin consentimiento de la misma ni que ella se percatara. Ambos son bomberos. La mujer dijo que fue pareja sentimental del acusado desde el mes de diciembre del año 2014, fecha en que comenzó la relación por un periodo de seis años aproximadamente, según detalla el informe presentado por la Fiscalía.