El abogado Celso Bobadilla fue denunciado en un principio por violencia, en cuyo caso debía cumplir prisión preventiva. Cabe destacar que la víctima se encontraba en total estado de peligro y vulnerabilidad por la constante coacción y amenaza contra su vida presuntamente proferida por el imputado, quien inclusive le manifestó que solo USD 100 valía su vida, y que sabía dónde y cómo hacerla "desaparecer".
Por ello, y por tratarse de una causa grave y con concurso de hechos punibles, la fiscal interviniente consideró pertinente la prisión preventiva del imputado, cumpliéndola de manera provisoria en el Departamento de Investigaciones; sin embargo, apenas 5 días después, el Juzgado Penal interviniente dispuso de manera unilateral su traslado a la Comisaría 7ma. Metropolitana, sin haber corrido traslado al Ministerio Público y sin tener en cuenta que en dicha Comisaría se tuvo por 7 días la orden de captura contra el mismo, sin hacer efectiva la aprehensión, pese a que el imputado reside a cuadras del lugar.
Además, la defensa solicitó la revisión sin antes haber sido trasladado a un Centro Penitenciario para el cumplimiento de la medida de prisión preventiva, fijándose para hoy, 1 de abril a las 10:15 horas una revisión de medidas alternativas a la prisión preventiva, sin que el imputado haya sido derivado a un centro penitenciario y pese a la gravedad de los hechos, y los niveles de violencia. El hombre incluso amenazó de muerte a la víctima.
Antecedentes
La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, llevó adelante una investigación luego de una denuncia formulada por una mujer debido a hechos de violencia física y amenaza a su vida, por parte de un hombre al que había conocido pocos meses antes de efectuada la denuncia.
Según la denuncia, el imputado coaccionaba de manera inhumana a una mujer con quien mantuvo una relación de corta data pero enfermiza y obsesiva, a quien amenazaba permanentemente con armas de fuego, refirieron los investigadores.
En este marco, la fiscal Benítez, llevó adelante un allanamiento y formuló imputación contra el denunciado, que es de profesión abogado, por la supuesta comisión de coacción grave, amenaza de hechos punibles y violación a la Ley de Armas. Tras dicho allanamiento en el lugar de residencia del imputado, se encontró un verdadero arsenal de armas de fuego, entre ellas, un fusil de uso militar y exclusivo, vedado al uso civil, cuchillos y municiones.