Cae administradora de residencia de ancianos por supuesto vaciamiento de cuentas bancarias
Una comitiva del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional y del Ministerio Público intervino este martes la residencia de adultos mayores "El Balcón de la Luna", ubicada en la zona de Yvyraró, en la ciudad de Capiatá. El procedimiento derivó en la detención de Sara Andrea Irala Zárate, quien se presentaba como administradora y propietaria del establecimiento.
La investigación se inició luego de una alerta emitida por funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), quienes detectaron movimientos sospechosos cuando la mujer intentó gestionar un PIN transaccional para retirar G. 50 millones pertenecientes a un hombre de 72 años que había fallecido días antes, tras permanecer internado en el Hospital de Calle'i, en San Lorenzo.
De acuerdo con los datos manejados por el fiscal Gerardo Chamorro, la ahora detenida tenía en su poder la tarjeta de débito del adulto mayor y alegaba ante las entidades bancarias que utilizaba el dinero para cubrir gastos de manutención y atención médica. Sin embargo, la Fiscalía comprobó, mediante declaraciones de familiares, que todos los costos relacionados con el anciano eran abonados directamente por sus allegados.
Las pesquisas revelaron además que, antes del intento de extracción millonaria, ya se habrían realizado al menos diez retiros de G. 1.500.000 cada uno, lo que representa un perjuicio inicial de aproximadamente G. 15 millones. Peritos informáticos analizan actualmente los movimientos bancarios y otros elementos incautados durante el allanamiento para determinar si existen más víctimas dentro del hogar de ancianos.
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la denuncia realizada por familiares del fallecido, quienes señalaron que constantemente encontraban obstáculos para visitar al hombre en la residencia. Según relataron ante el Ministerio Público, la administración imponía excusas y restricciones que dificultaban el contacto con el adulto mayor. Incluso, tras su fallecimiento, los parientes desconocían el paradero del cuerpo y tuvieron que localizarlo en una funeraria de Villeta contratada por la responsable del establecimiento.
Durante la intervención fiscal-policial también se constató que el hogar no contaba con legajos, historiales médicos ni registros oficiales de permanencia del adulto mayor, pese a que residía en el lugar desde finales de 2023. La causa sigue abierta y no se descarta la ampliación de la investigación por posibles hechos similares que habrían afectado a otros residentes del establecimiento.