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La iniciativa fue impulsada por los diputados Arturo Urbieta y Miguel del Puerto bajo el argumento de que el modelo actual genera sobrecarga en los servicios pediátricos y no responde adecuadamente a las necesidades físicas, psicológicas y sociales de los adolescentes.
Según la propuesta, a partir de los 15 años los pacientes deberán ser derivados de forma programada a profesionales capacitados para abordar problemáticas propias de la adolescencia, incluyendo salud mental, prevención de adicciones, salud sexual y reproductiva, así como trastornos metabólicos y hormonales relacionados con la pubertad avanzada.
Los proyectistas sostienen que actualmente existe una extensión "indefinida" de la atención pediátrica hasta los 18 años, situación que, según afirman, termina saturando las consultas destinadas a niños pequeños y patologías neonatales, además de generar incomodidad en adolescentes que continúan siendo atendidos en espacios diseñados para la primera infancia.
El documento argumenta además que durante la adolescencia se producen cambios biológicos y hormonales que requieren un enfoque médico diferente al pediátrico tradicional, acercándose más al perfil de atención de un adulto joven.
La iniciativa contempla la creación de un sistema de transición programada tanto para el sector público como privado, bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que será la autoridad encargada de reglamentar su aplicación.
Asimismo, el proyecto establece protocolos obligatorios de transferencia de historial clínico para garantizar la continuidad de los tratamientos y facilitar el proceso de adaptación de los adolescentes hacia un modelo de atención más autónomo.
El texto también incorpora excepciones para casos especiales, como pacientes con enfermedades crónicas complejas que necesiten continuar bajo seguimiento pediátrico hasta los 18 años. Del mismo modo, se prevén flexibilidades para zonas alejadas o unidades de salud familiar donde no existan especialistas disponibles.
Otro de los puntos aclara que ningún centro asistencial podrá negar atención por cuestiones de edad en situaciones de urgencia o emergencia médica.
La propuesta inicia ahora su análisis dentro de las comisiones asesoras de Diputados antes de ser eventualmente debatida por el pleno de la Cámara Baja.
