A raíz de la denuncia pública, resarcen a empleada embarazada tras despido, coacción y agresión
Tras la exposición pública del caso y la difusión de registros audiovisuales que generaron un fuerte repudio social, una empresa resolvió resarcir económicamente a una empleada embarazada, Liliana Giménez, de 24 años que había sido despedida de manera irregular. La medida llegó recién después de que el conflicto trascendiera a través de redes sociales.
Según la denuncia, la trabajadora fue desvinculada luego de que la empresa tomara conocimiento de su embarazo. Lejos de respetar la normativa que protege a las personas gestantes, intentaron obligarla a firmar documentación para validar el despido. Ante su negativa, la situación escaló y derivó en un episodio de agresión física dentro del lugar de trabajo, hecho que quedó registrado en video.
A estos hechos se suma una irregularidad de extrema gravedad: la trabajadora no contaba con seguro social, incumpliendo una obligación legal básica por parte del empleador. Esta situación no solo vulneró sus derechos laborales, sino que la dejó completamente desprotegida en un contexto de embarazo, exponiendo un esquema de precarización que se mantenía oculto.
El abogado Bernis, quien intervino en defensa de la empleada, señaló que el caso reúne múltiples infracciones a la legislación laboral, entre ellas despido discriminatorio, coacción, violencia en el ámbito laboral y falta de registración. Según indicó, el resarcimiento otorgado se produjo únicamente por la presión pública y no exime a la empresa de las responsabilidades legales que podrían derivarse de los hechos denunciados.
Las publicaciones realizadas resultaron determinantes para que la situación saliera a la luz, ya que hasta ese momento la empresa no había dado respuestas ni ofrecido soluciones. Sin embargo, no se informó si los organismos de control laboral intervinieron de oficio ni si se avanzará con sanciones administrativas o judiciales.
El caso vuelve a dejar en evidencia una problemática estructural: la reiterada vulneración de derechos laborales básicos y la necesidad de recurrir a la denuncia pública para obtener algún tipo de reparación. El resarcimiento económico, otorgado a posteriori, no borra los hechos denunciados ni garantiza que situaciones similares no vuelvan a repetirse.