Preocupa actuación del fiscal en caso de abuso infantil que involucra a expolítico liberal

La familia de un niño de 11 años, presuntamente víctima de abuso sexual por parte de su propio padre, lamenta la actuación del fiscal Rolando Rivas, quien, a pesar de las pruebas presentadas, solicitó el sobreseimiento provisional del imputado. Esto generó una gran preocupación, tanto en los afectados como en la sociedad, ya que las pruebas recabadas, entre las que se incluyen testimonios, informes de psicólogos y una declaración del menor en cámara Gesell, respaldan la denuncia de abuso.

En abril de 2024, el hijo de una pareja de expolíticos liberales fue imputado por presunto abuso sexual de su hijo. Pese a la acumulación de elementos probatorios durante la investigación, el fiscal solicitó el sobreseimiento provisional del imputado en octubre del mismo año, alegando la existencia de diligencias pendientes, algo que no se ajusta a la normativa del Código Procesal Penal, ya que la evidencia recolectada era suficiente para avanzar en el juicio.

Influencias políticas

La defensa teme que las influencias políticas de la familia tengan relación al enlentecimiento del proceso, ya que el sindicado goza de total libertad, a casi un año de haber sido imputado.

La situación se agrava aún más por la solicitud del fiscal de realizar una nueva pericia victimológica al menor, casi un año después de la declaración del niño en cámara Gesell. Esta acción, que pone en riesgo la integridad emocional del menor, vulneraría principios fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que velan por la protección y el respeto al interés superior del menor, evitando su revictimización.

Afortunadamente, el pedido del fiscal fue rechazado por el Juez Penal de Garantías, Miguel Ruiz, quien consideró que la pericia solicitada era innecesaria y perjudicial para el niño. El magistrado destacó que ya se habían respetado los derechos del imputado en la cámara Gesell, y que cualquier nueva intervención representaría una revictimización para el menor. Esta decisión fue apelada por los abogados defensores, pero el tribunal de apelaciones de San Lorenzo, integrado por Fabriciano Villalba Martínez, María Lourdes Cardozo de Velázquez y María Teresa González de Daniel, confirmó el fallo del Juez Miguel Ruiz.

La actuación del fiscal Rolando Rivas, así como la posible dilación del proceso por parte de los defensores del imputado, plantea serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación y la protección del menor. Mientras tanto, el niño continúa en una situación de vulnerabilidad, que podría verse afectada por decisiones judiciales que no priorizan su bienestar psicológico y emocional.