Caso tobillera electrónica: Fiscalía esperó tres meses para imputar al supuesto agresor

Tras la difusión de audios por parte de una denunciante de violencia familiar, el fiscal Augusto Ledesma Blasser, de la Fiscalía Zonal de Luque, imputó este lunes a Alberto Segovia Martínez, de 38 años, por los supuestos hechos punibles de violencia familiar y violación del deber de cuidado o educación.

El imputado, conocido por haber sido el primer beneficiario de una tobillera electrónica en Paraguay, habría protagonizado un grave episodio de agresión el pasado 30 de septiembre de 2024 en Areguá. Según la denuncia, en el interior de la vivienda, Segovia ejerció violencia verbal y física contra su pareja, dejándola con hematomas en presencia de sus tres hijos menores. Estos hechos, según la denunciante, fueron reiterados y ya habían sido objeto de denuncias previas.

En el escrito de imputación fechado el 14 de enero de 2025, se destaca que tanto la mujer como los niños enfrentan traumas psicológicos debido a las agresiones. Además, Segovia habría incumplido sus responsabilidades familiares, desatendiendo los gastos médicos de un hijo de 9 años.

El fiscal Ledesma solicitó a la jueza Penal de Garantías n.° 1 de Luque, Jennifer Insfrán, que imponga la medida cautelar de prisión preventiva contra Segovia, considerando la gravedad de los hechos y los antecedentes del imputado.

Antecedente: caso de la tobillera electrónica

Alberto Segovia Martínez fue el primer ciudadano procesado en Paraguay en utilizar una tobillera electrónica, dispositivo que le fue asignado en una causa anterior, también relacionada con la misma víctima. Sin embargo, la jueza Penal de Garantías de Luque, María Cecilia Ocampos, revocó recientemente su arresto domiciliario tras detectar el incumplimiento de las medidas impuestas, dictando su prisión preventiva.

Esta nueva imputación evidencia que las medidas de protección y seguimiento previas no lograron evitar la reincidencia del imputado en hechos de violencia familiar, lo que subraya la necesidad de una revisión y fortalecimiento de los mecanismos de protección para las víctimas.