Metrobús: se vuelve a suspender preliminar para Ramón Jiménez Gaona

El juez Humberto Otazú, a pedido fiscal, volvió a suspender el inicio de la audiencia preliminar para el acusado exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona.

La agente fiscal María Estefanía González pidió que se suspenda la audiencia que debía iniciar este lunes, por ser designada fiscal adjunta y jura en el cargo este miércoles, por lo que ya no podría participar como fiscal de esta causa.

El juez Humberto Otazú, hizo lugar al pedido y ofició a la fiscalía general a que designe un nuevo agente fiscal ante esta situación. Una vez que se tenga el nuevo fiscal en la causa, se fijará la fecha nuevamente para intentar desarrollar la diligencia en la que se decidirá si el caso por el fallido metrobús va a juicio oral.

El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio patrimonial millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Además de Jiménez Gaona, fueron acusados, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz, exfuncionarios del MOPC.

El Ministerio Público menciona en su acusación que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras, no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para realizar la obra.

Consecuentemente, se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

Fuente: Judiciales.net