Caso Imedic: defensa de funcionarios pidió absolución ante falta de pruebas

La defensa del acusado Gustavo Acosta expuso este martes sus alegatos finales en el marco del juicio oral y público que realiza por el ingreso presuntamente irregular de 50 camas para terapia intensiva en época de pandemia, hecho conocido como el caso Imedic.

Eduardo Franco, defensor de Gustavo Acosta, señaló que el Ministerio Público, como acostumbra, alega hechos, pero no los prueba, lo que los obliga como defensa a probar que su cliente es inocente cuando es la fiscalía la que debe romper el estado de inocencia que en el caso de Acosta no fue quebrantado.

Franco sostuvo que no existe el hecho punible de contrabando respecto a su cliente, quien por el cargo que ostenta de subadministrador de Aduana en el aeropuerto Silvio Petirrossi no tiene la potestad de permitir el ingreso de mercaderías alegada por la fiscalía que ingresaron de manera irregular.

Señaló que Acosta solo hizo su trabajo y está sentado afrontando un proceso por haber firmado dos providencias en expedientes ya abiertos, por ende, lo que corresponde ante la orfandad probatoria es la absolución.

Por su parte, la abogada Josefina Aghemo presentó sus alegados finales respecto al acusado Guillermo Molina, también funcionario de Aduana en el aeropuerto internacional, quien según mencionó, no tiene tan solo una ficha de investigación por no considerarse que se haya incurrido en un hecho irregular por parte del funcionario, nunca fue sumariado, agregó.

“En el caso de Guillermo Molina como administrador de la dirección de Aduanas, cumplió a cabalidad lo que establece el manual para dicho cargo, hizo la verificación, dio participación a cinco divisiones para la salida de las mercaderías, con la salvedad de que esas mercaderías salían bajo un condicionamiento”, afirmó la abogada defensora Josefina Aghemo.

Agregó que existe una insuficiencia probatoria inmensa, sin que el Ministerio Público, a lo largo de los siete meses de juicio, haya podido individualizar una sola conducta atribuida a Guillermo Molina, por ende, corresponde su absolución.

Para ambos funcionarios, el Ministerio Público requirió en su momento cinco años de cárcel, por presuntamente colaborar con el Clan Ferreira.

El juicio oral y público continuará el próximo 21 de noviembre a las 7:30 horas, según lo decidido por la presidenta del tribunal, la jueza Elsa García.

Fuente: Judiciales.net