Caso Marcelo Pecci: este jueves inició en Colombia juicio contra Margareth Chacón

Este jueves comenzó en Colombia el juicio contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, acusada de haber participado en la planeación, financiación y logística del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022, en la playa privada de un hotel ubicado en Isla Barú, en Cartagena. La Fiscalía local pide una pena de 30 años de cárcel.

“Esta persona se habría concertado con su esposo y cuñado, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, respectivamente, para planear y definir aspectos determinantes en la logística y financiación del crimen”, refirió la Fiscalía colombiana, en enero pasado, cuando Chacón fue capturada en El Salvador mientras huía.

“Abundante material de prueba y evidencia técnica dan cuenta de que Chacón Zúñiga, al parecer, dispuso de una camioneta de su propiedad para asistir a varias reuniones en Medellín y Cartagena, en las que se ultimaron detalles para ejecutar el asesinato”, indicaron los fiscales sobre la esposa de Andrés Pérez, ya condenado por este asesinato.

En mayo pasado, los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, que planearon el asesinato del fiscal paraguayo y pagaron al sicario que le disparó en una playa de Colombia en 2022, fueron condenados a 25 años y seis meses de prisión. Un juez de Cartagena (norte) los encontró culpables “por su participación en la planeación, financiación y logística del crimen del fiscal”.

De acuerdo con la Fiscalía, pagaron unos 340.000 dólares al pistolero que abrió fuego contra Pecci en la isla de Barú, cercana a la ciudad caribeña, el 10 de mayo del año pasado. Pecci, de 45 años, disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa embarazada, la periodista paraguaya Claudia Aguilera. Los hermanos fueron capturados el 15 de enero en Bogotá y confesaron ante la fiscalía haber planeado la ejecución del crimen.

En junio la justicia colombiana impuso una condena de 23 años y seis meses de prisión a otros cuatro responsables. Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.