Nacionales
Preocupan al MNP intervenciones violentas y robos por parte de agentes penitenciarios
El MNP presentó su Informe Anual de Gestión 2022 ante representantes de los poderes del Estado y la sociedad civil. Foto: Gentileza
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó este martes su Informe Anual de Gestión 2022 ante representantes de los poderes del Estado y la sociedad civil. En ese marco, la institución puntualizó la actuación violenta e irregular del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP), como uno de los temas centrales en la persistente crisis penitenciaria.
Al hacinamiento, al abuso de la prisión preventiva, a la ausencia de los jueces de ejecución en las penitenciarías, al acceso a la salud como negocio, se añaden los graves sucesos protagonizados por los efectivos de GRAP. Para el MNP, las penitenciarías son territorios en disputa, con la autoridad estatal en permanente conflicto y el aumento del ejercicio del poder y el control del crimen organizado.
Sistema de discriminación
Este informe hace foco en la existencia de pabellones de mujeres en penitenciarías de varones que conlleva a un sistema discriminación. También el MNP llama la atención sobre la necesidad de la reforma de la Ley 1340, de drogas, para abordar de manera distinta el microtráfico que realizan mujeres cabeza de hogar, excluidas de los sistemas y políticas públicas y sociales.
El MNP también destaca la actuación en el ámbito militar, con las intervenciones interinstitucionales a partir de las denuncias de tortura y maltratos en la Academil.
El Informe de Gestión condensa las acciones de monitoreo, investigaciones y articulaciones con organizaciones públicos y de la sociedad civil, así como las recomendaciones a estamentos del Estado e informes elevados a instancias internacionales; pretende ser un instrumento político que posibilite y proyecte cambios en el comportamiento de agentes del Estado, transformaciones en las políticas sociales y modificaciones en la legislación vigente.
El MNP conmemora este año una década de presencia institucional; creado por la Ley 4288/2011, conforme al mandato del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura para prevenir prácticas y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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