Continúa juicio contra exfuncionarios fiscales por supuesta coima para beneficiar a un sindicado por violencia familiar

El agente fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, representa al Ministerio Público en el marco de la causa “Oscar Amarilla y Otra S/ Tráfico de Influencias”, que involucra a Teresita Raquel Rey Saffi y Oscar David Amarilla Velázquez, quienes en ese entonces se desempeñaban como funcionarios del Ministerio Público de la Unidad Penal n.° 1 de la ciudad de San Antonio.

Los mismos fueron acusados por la representación fiscal, tras ser descubiertos en flagrancia recibiendo la suma de G. 5.000.0000 para beneficiar a un hombre procesado por Violencia Familiar, con el criterio de oportunidad como salida alternativa de la causa n.° 1273/21 caratulada “Eulogio Cardozo s/ Violencia Familiar” , para la cual inicialmente habían solicitado la suma de G. 8.000.000.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, en fecha 08 de noviembre del 2021. El hecho se habría registrado entre el 5 y el 19 de noviembre del 2021, ocasiones en que Teresita Raquel Rey Saffi y Oscar David Amarilla Velázquez, funcionarios del Ministerio Público de la Unidad Penal n.° 1 de la ciudad de San Antonio, habrían solicitado en reiteradas ocasiones al procesado la suma de ocho a cinco millones de guaraníes a fin de mediar en la Unidad Penal para el otorgamiento de un criterio de oportunidad como salida alternativa en la causa n.° 1273/21 caratulada “E. C. s/ Violencia Familiar”. Investigación en la cual se encontraba imputado como supuesto autor del hecho, cuya causa se encontraba asignada a la unidad penal donde estos funcionarios prestaban servicios.

Finalmente, el 19 de noviembre del año 2021, previas conversaciones entre el encausado, su abogada defensora y la funcionaria del Ministerio Público, se reafirmó nuevamente la promesa de otorgar el criterio de oportunidad al entonces imputado como salida procesal. Tras el acuerdo, el Secretario Fiscal Oscar Amarilla fue el encargado de cobrar la suma de cinco millones de guaraníes (G. 5.000.000) prometida a los mismos, hecho que fue descubierto en flagrancia por el Ministerio Público y Agentes del Dpto. Especializado contra Hechos Punibles y Financieros de la Policía Nacional, minutos después de la recepción del dinero requerido por los acusados, cuyo monto inicial había sido de ocho millones de guaraníes (G. 8.000.000).